La JEP lanza un auxilio internacional ante el plan para recortar 31 millones de dólares a su presupuesto de 2027 en Colombia. En medio de una creciente confrontación institucional que amenaza la estabilidad del sistema de justicia transicional en Colombia, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, emitió este viernes 18 de septiembre de 2026 un llamado urgente de socorro dirigido a la comunidad internacional.
El magistrado denunció una maniobra legislativa promovida por la bancada oficialista que pretende recortar 100.000 millones de pesos —cerca de 31 millones de dólares— a la asignación presupuestaria de esta corte para el ejercicio fiscal de 2027.
La propuesta de Enrique Gómez y el respaldo de la Casa de Nariño
El proyecto de ajuste fiscal cuenta con el beneplácito explícito del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien mantiene una postura abiertamente crítica frente al modelo del tribunal.
El senador de la bancada de gobierno, Enrique Gómez, radicó la iniciativa parlamentaria que contempla desviar directamente esos 100.000 millones de pesos desde el presupuesto asignado a la JEP hacia las arcas del Consejo Superior de la Judicatura.
En tal sentido, la directiva del tribunal de paz calcula que la poda financiera mutilará el 62 % de todos los recursos orientados a la adquisición de bienes y servicios esenciales, partida que suma 161.271 millones de pesos —equivalentes a unos 51 millones de dólares—.
Asimismo, Ramelli convocó a las delegaciones diplomáticas y organismos multilaterales para que respalden financieramente las labores que la corte desempeña desde la firma del acuerdo de paz rubricado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
Aunado a esto, los voceros de la entidad judicial argumentan que el aparato de investigación arrastra un déficit operativo acumulado de aproximadamente 26 millones de dólares.
Riesgo inminente para víctimas, testigos y custodia digital
Parálisis en esquemas de protección y funcionamiento de sedes
Por otra parte, la cúpula de la jurisdicción especial desglosó el impacto técnico y humano que ocasionará esta sustracción monetaria.
En consecuencia, el traslado de fondos privará de 19,7 millones de dólares a los convenios de seguridad suscritos con la Unidad Nacional de Protección (UNP), dejando en absoluta vulnerabilidad a víctimas, declarantes, testigos clave, intervinientes procesales y funcionarios judiciales. Igualmente, la entidad comprometerá otros 9,2 millones de dólares requeridos con urgencia para saldar cánones de arrendamiento, pagos de servicios públicos y mantenimiento preventivo de sus infraestructuras físicas.
Golpes a la ciberseguridad y la reforma militar paralela
De igual manera, el recorte proyectado afectará en más del 40 % la operatividad del centro de datos y los programas de interoperabilidad tecnológica, comprometiendo gravemente la reserva de sumarios y la gestión informática de los expedientes:
El tribunal advirtió que la ofensiva económica coincide con el debate en el Senado de un proyecto de acto legislativo que pretende someter las sentencias dictadas contra miembros de la fuerza pública a la revisión automática de la Justicia Penal Militar.
Por añadidura, la JEP concluyó que ambos proyectos configuran una estrategia articulada de ahogamiento financiero y subordinación judicial para neutralizar sus fallos.
Ante este escenario, la presidencia de la corte anunció que llevará sendas denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial sobre independencia de magistrados, los países garantes del proceso de paz y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
Con información de EFE
