Policía de Paraguay arresta al expresidente Santiago Peña en su residencia minutos después de sufrir su destitución en el Senado. Efectivos de la Policía Nacional de Paraguay arrestaron este viernes 6 de noviembre de 2026 al expresidente Santiago Peña en su residencia particular de Asunción.
La medida privativa de libertad respondió a una orden inmediata emitida por el Ministerio Público bajo cargos de lesión de confianza, ejecutada escasos minutos después de que el Senado de la nación condenara al mandatario en un juicio político sumario que lo despojó definitivamente de su investidura y de toda inmunidad procesal.
El arresto domiciliario y las órdenes contra la cúpula del Banco Central
A través de voceros de las fuerzas de seguridad pública, las autoridades confirmaron la efectividad del despliegue en la vivienda del exgobernante: «Ya se encuentra oficialmente detenido».
En tal sentido, la Fiscalía General solicitó el aseguramiento del dirigente político hasta tanto los agentes lo trasladen a la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción en la capital paraguaya para rendir su declaración indagatoria formal.
A este respecto, el mandato fiscal ordenó de igual manera la captura inmediata de Carlos Carvallo Spalding, funcionario que encabezó el Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el pasado martes.
Aunado a esto, la votación unánime de los 44 legisladores presentes en la Cámara Alta convirtió a Peña, de 47 años de edad, en el segundo presidente destituido mediante juicio político en la historia democrática reciente del país, siguiendo los pasos del izquierdista Fernando Lugo.
Asimismo, el ahora expresidente rechazó comparecer personalmente ante los senadores pese a la citación individual que cursó el cuerpo legislativo, encomendando su defensa técnica y jurídica a los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
La pérdida de beneficios constitucionales y la renuncia desestimada
La anulación de la senaduría vitalicia
Por otra parte, la condena parlamentaria conllevó graves consecuencias jurídicas para el futuro procesal del exmandatario paraguayo.
Peña ejercía formalmente la primera magistratura debido a que el Congreso de la República no alcanzó el cuórum requerido para evaluar la renuncia que introdujo el pasado jueves.
En consecuencia, el artículo 189 de la Constitución Nacional estipula con claridad que los exgobernantes elegidos en las urnas asumirán como senadores vitalicios, salvo que el Congreso los someta a juicio político y los halle culpables de mal desempeño.
Dicha norma despojó automáticamente a Peña de la investidura parlamentaria y de las protecciones legales que impiden juzgar a exfuncionarios sin una autorización legislativa previa.
De igual manera, el exgobernante recurrió a su cuenta oficial en la red social X antes de la votación para justificar su dimisión como un acto de desprendimiento institucional: «No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal».
Peña añadió sentidas palabras de despedida ante la crisis imperante: «Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas».
El desfalco millonario y el impacto en los fondos previsionales
Por añadidura, el colapso social y político detonó cuando el Banco Central intervino y liquidó Ueno bank, entidad que custodiaba los depósitos de 2,9 millones de usuarios en una nación de apenas 6,1 millones de habitantes.
La firma financiera captó cuantiosos recursos del erario público durante la gestión presidencial de Peña, dejando desamparados a millares de ciudadanos particulares.
En tal sentido, la medida afectó de manera directa a 32.000 jubilados adscritos al Instituto de Previsión Social (IPS), quienes denunciaron el bloqueo total de sus aportes y haberes de retiro.
Por otro lado, los diputados acusadores en el proceso legislativo denunciaron formalmente la desaparición de unos 1.200 millones de dólares del patrimonio del pueblo paraguayo tras la quiebra del banco.
Los parlamentarios tildaron al gobernante saliente como el mayor desfalcador en la historia del país, allanando el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana asuma el mando del Poder Ejecutivo.
Con información de EFE
