Presidenta de la Misión de la ONU reclama reformas estructurales en Venezuela para evitar que los avances institucionales retrocedan. Pese a reconocer una disminución en las detenciones arbitrarias prolongadas durante los últimos meses, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela presentó este viernes 18 de septiembre de 2026 su informe de actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, advirtiendo que los cimientos de la persecución estatal y los crímenes de lesa humanidad continúan plenamente operativos.
El panel de expertos determinó que las tímidas mejorías observadas carecen de respaldo institucional duradero.
Reducción de arrestos y la persistencia de leyes persecutorias
El equipo investigador admitió que, a partir del 3 de enero, el país experimentó una baja sensible en las desapariciones forzadas y en los encarcelamientos de larga duración.
Los comisionados valoraron que el Ejecutivo excarceló a centenares de presos políticos en diversas prisiones del territorio nacional.
En tal sentido, los expertos subrayaron con preocupación que el Estado no ejecutó las reformas jurídicas de fondo indispensables para consolidar transformaciones sostenibles.
Asimismo, el informe denunció con firmeza:
«Siguen vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras y prácticas».
Aunado a esto, la presidenta de la misión, Sofía Macher, lamentó que la maquinaria persecutoria conserve a señalados violadores de derechos fundamentales en puestos de mando dentro de la inteligencia y el orden público.
Cambios reversibles: el caso Oropeza y la violencia comunitaria
El termómetro de la incertidumbre política
Por otra parte, la delegación internacional graficó las contradicciones de la coyuntura venezolana a través de dos eventos contrapuestos registrados recientemente:
«La incertidumbre que atraviesa el país y el carácter limitado y reversible de los cambios observados se muestran en dos acontecimientos de ayer: por un lado, el restablecimiento formal a diversas plataformas digitales, pero por otro lado, se conoció la detención del exalcalde de oposición, Javier Oropeza, que había regresado apenas hace tres días a Venezuela. El señor Oropeza fue liberado horas después».
En consecuencia, los observadores alertaron que entre 379 y 500 ciudadanos continúan tras las rejas por razones estrictamente ideológicas.
Torturas documentadas y el rol de los colectivos armados
De igual manera, el equipo de la ONU recabó 64 nuevos testimonios de torturas y tratos degradantes perpetrados con posterioridad al 3 de enero.
Adicionalmente, el documento censura que las autoridades omitan planes efectivos para desarmar y someter a la justicia a los colectivos paraestatales, organizaciones que constituyen un foco constante de hostigamiento, amenazas y violencia sobre las barriadas populares.
Por añadidura, Sofía Macher remarcó que Venezuela encara una coyuntura histórica propicia para alcanzar transformaciones auténticas, aunque condicionó este horizonte al cese definitivo de la impunidad:
«El país tiene una oportunidad real de avanzar hacia un cambio real y sostenible en la situación de los DD. HH., pero para ello se requiere una reforma de las instituciones y leyes vinculadas a la represión política de la última década y que los perpetradores de graves violaciones y delitos internacionales rindan cuenta a la justicia».
Con información de Alberto News
