Estados Unidos revoca visas a Ricardo Roa y a 47 figuras públicas de Colombia y Bolivia por nexos con corrupción y narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre de 2026 severas restricciones de visado contra siete figuras políticas de Colombia y 40 ciudadanos de Bolivia.
La medida sancionatoria alcanza de lleno a Ricardo Roa, expresidente de la estatal Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña electoral del expresidente Gustavo Petro, dentro de la nueva doctrina de combate frontal al lavado de activos y al narcotráfico.
Dicho castigo migratorio surge bajo el auspicio del Escudo de las Américas, iniciativa estratégica que lidera el presidente Donald Trump y a la cual sumó su respaldo el nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.
El veto a la cúpula política colombiana y el expediente contra Ricardo Roa
La administración estadounidense aplicó la suspensión de visados tanto a los señalados como a sus respectivos círculos familiares directos:
- El Departamento de Estado incluyó en la lista prohibitiva al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; al senador electo Wadith Manzur; y a la representante a la Cámara electa Karen Manrique.
- Las restricciones alcanzan paralelamente a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, junto al excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.
- El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó con firmeza las acciones judiciales en territorio neogranadino mediante un comunicado oficial: «La Administración de Trump está del lado del Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura».
- Las sanciones responden a la doctrina emitida el pasado 28 de septiembre, diseñada puntualmente para castigar a actores extranjeros que socavan la institucionalidad democrática latinoamericana a través de prácticas corruptas o nexos con el narcotráfico.
- Roa abandonó la presidencia de Ecopetrol el pasado 7 de abril mediante una licencia no remunerada tras acumular múltiples expedientes disciplinarios y penales.
En tal sentido, la Fiscalía colombiana imputó a Roa el 11 de marzo por tráfico de influencias de servidor público, ligada a la adquisición de un apartamento en Bogotá y supuestas dádivas contractuales petroleras.
A este respecto, el ente acusador le sumó el 12 de mayo cargos por violar los topes financieros durante los comicios de 2022, cuando administraba las finanzas del petrismo.
Aunado a esto, las autoridades judiciales procesan a Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar por gestionar presuntos contratos regionales a cambio de apoyar créditos gubernamentales en 2023.
Asimismo, los analistas internacionales anticipan que estas cancelaciones consulares acelerarán los procesos de investigación patrimonial en Bogotá.
Las sanciones contra exfuncionarios bolivianos
Mandos judiciales y policiales vetados por Washington
Por otra parte, la política de mano dura del Departamento de Estado golpeó con especial fuerza a la estructura del poder judicial y policial de Bolivia.
La Casa Blanca sancionó formalmente a 40 ciudadanos bolivianos, distribuidos entre 15 exfuncionarios públicos y 25 parientes cercanos, por presuntos vínculos con el narcotráfico y hechos de corrupción.
Washington sustentó las medidas en los acuerdos suscritos en septiembre durante la cumbre del Escudo de las Américas, castigando a quienes vulneran administraciones electas por voto popular.
La lista negra de 15 funcionarios incorpora con nombre y apellido al exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón.
El veto castiga de igual modo al exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y comandante policial de Tarija, Freddy Bismarck, y al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada.
En consecuencia, los señalados pierden todo acceso legal para ingresar a territorio estadounidense o mantener activos bancarios en dicha jurisdicción.
De igual manera, el anuncio conmocionó los círculos jurídicos bolivianos ante el peso institucional que ostentaban los exmagistrados y jefes de frontera sancionados.
La lista ampliada en los organismos de inteligencia y control
Por añadidura, el Departamento de Estado desarticuló las relaciones diplomáticas con antiguos operadores de las unidades de control financiero y aéreo.
La relación de castigados sumó al exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza, junto al exfiscal coordinador de La Paz, Armando Rojas.
Dicho listado incluyó finalmente al exjefe de la Felcn destacado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Fernando Ronald Velasco, punto clave para la vigilancia aérea antidrogas.
Por otro lado, los portavoces de la Casa Blanca reiteraron que aplicarán estas sanciones sin importar la filiación partidista de los implicados.
De modo que las investigaciones contra Ricardo Roa, las medidas contra legisladores colombianos y el cerco a 40 funcionarios y familiares en Bolivia consolidan una vasta operación diplomática en el hemisferio.
Con información de EFE
