Gobierno de Chile escala su plan antimigratorio y expulsa a dos mil extranjeros en 2026 al tiempo que autoriza allanamientos policiales a domicilios sin orden previa. La administración del presidente chileno, José Antonio Kast, intensificó este viernes 23 de octubre de 2026 su ofensiva contra la irregularidad al completar la cifra de 2.000 ciudadanos extranjeros deportados en lo que va de año.
Las autoridades aeronáuticas y policiales concretaron el despegue del undécimo vuelo especial de repatriación forzosa desde que el mandatario asumió la jefatura del Estado en marzo pasado, transportando a 75 personas que permanecían al margen de la ley.
Dicho endurecimiento institucional se apoya en un robusto incremento presupuestario y en reformas legales expeditas que facultan a los cuerpos policiales a irrumpir en inmuebles para apresar a los indocumentados con decreto de salida.
El vuelo chárter desde Iquique y el desglose de los expulsados
El viceministerio de seguridad coordinó el traslado de los extranjeros hacia la pista de Tarapacá para consumar la entrega a sus respectivos países:
- Las autoridades migratorias precisaron que el contingente de 75 personas incluye a 50 ciudadanos colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos.
- La actual gestión gubernamental acumula formalmente 1.704 expulsiones efectivas de las 2.000 computadas a lo largo de 2026, consolidando una línea estricta de control territorial.
- El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, notificó que la aeronave chárter aguardaba en la ciudad norteña de Iquique para consumar la salida de los foráneos hacia sus destinos de origen.
- El balance oficial detalló que 69 medidas corresponden a resoluciones estrictamente administrativas por vulnerar los pasos fronterizos e ingresar clandestinamente al país.
- El tribunal respectivo aplicó seis expulsiones de carácter judicial directo contra individuos procesados por delitos de alta peligrosidad, tales como robo con violencia, porte ilícito de armamento, narcotráfico y violación de menores de 14 años.
En tal sentido, los destacamentos de la Policía de Investigaciones (PDI) custodiaron a los reclusos hasta las escalerillas del avión para evitar incidentes durante el embarque.
A este respecto, diversos criminólogos chilenos coinciden en que la agilización de las expulsiones judiciales descongestiona las saturadas cárceles del norte grande del país.
Aunado a esto, los gremios comerciales de la región de Tarapacá manifestaron su beneplácito ante los despliegues policiales en las zonas urbanas de Iquique.
Asimismo, las embajadas de Colombia y Perú en Santiago colaboraron en la emisión expedita de salvoconductos consulares para facilitar el aterrizaje de los deportados en sus capitales.
Ley de allanamientos, presupuesto millonario y el obstáculo con Venezuela
Nuevas facultades policiales y vuelos cotidianos
Por otra parte, el Ejecutivo respaldó sus acciones operativas en herramientas jurídicas y financieras de reciente aprobación parlamentaria.
Casi el 90 % de los procedimientos ejecutados durante el ciclo de 2023 correspondió a causas administrativas, tendencia que el gabinete busca disparar con la nueva normativa de extranjería.
Dicha ley autoriza a los efectivos policiales a allanar residencias y moradas privadas para capturar a extranjeros que tengan órdenes de expulsión vigentes y desacaten las notificaciones.
El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, comunicó que el Estado chileno realizará expulsiones de manera diaria utilizando asientos en vuelos comerciales de itinerario regular.
Para sustentar esta operativa continua, la administración central inyectó en agosto una partida suplementaria de 1,7 millones de dólares, equivalentes a 1.760 millones de pesos chilenos.
En consecuencia, los inspectores migratorios cuentan con logística permanente para asegurar cupos aéreos diarios hacia las principales terminales de la región.
De igual manera, los abogados constitucionalistas examinan los alcances de la ley para certificar que las revisiones domiciliarias respeten los estándares del debido proceso.
La masa de irregulares y el congelamiento diplomático con Caracas
Por añadidura, las estadísticas oficiales revelan la magnitud del desafío poblacional que encara el territorio chileno frente a los vacíos de entendimiento exterior.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuantifica actualmente en más de 330.000 a los extranjeros que habitan en Chile en condición de irregularidad manifiesta.
Los archivos judiciales y administrativos registran más de 75.000 expedientes de expulsión completamente listos para ejecución, de los cuales casi el 50 % involucra a nacionales venezolanos.
Sin embargo, La Moneda enfrenta un dique insalvable para repatriar a este grupo poblacional debido a la ruptura de relaciones bilaterales que Chile y Venezuela protagonizaron en 2024.
Aunque ambos gobiernos anunciaron en agosto el reencuentro de sus representaciones consulares, los despachos no reportan progresos tangibles ni habilitación de frecuencias aéreas de retorno hacia suelo venezolano.
Por otro lado, las organizaciones pro derechos humanos advierten sobre la vulnerabilidad de las familias que quedan atrapadas en un limbo legal sin opción de retorno ni arraigo.
De modo que los dos mil expulsados, el despegue desde Tarapacá, los allanamientos policiales sin trabas y la parálisis diplomática con Caracas sitúan a la gestión de José Antonio Kast en el epicentro de la controversia migratoria sudamericana.
Con información de EFE
