Colombia extradita a EEUU a Mocho Olmedo tras revocar los beneficios de las mesas de paz y el presidente De La Espriella entierra la política de concesiones a las disidencias de las FARC. Las autoridades colombianas entregaron este viernes 23 de octubre de 2026 en extradición a Estados Unidos al líder guerrillero Willinton Henao Gutiérrez, conocido bajo el alias de «Mocho Olmedo».
El procesado fungía como uno de los máximos comandantes del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y ocupó un asiento en la delegación de negociaciones de paz de esa estructura irregular.
El mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, ratificó a través de su cuenta en X que el sujeto ejercía como cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, acumulando graves expedientes por crímenes de guerra.
Dicha acción consuma la orden de reactivar las solicitudes internacionales de captura que permanecían congeladas por acuerdos diplomáticos previos.
El operativo de entrega a los US Marshals y el expediente penal
La Policía Nacional coordinó el traslado de los detenidos hasta la pista aérea para ponerlos bajo tutela del servicio de alguaciles estadounidenses:
- La institución policial confirmó la entrega formal de Mocho Olmedo junto a otros seis ciudadanos requeridos por los tribunales federales de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, legitimación de capitales y fraude transnacional.
- El director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, coronel Elver Vicente Alfonso, pormenorizó el prontuario del cabecilla: «Fue capturado con fines de extradición el 12 de febrero de 2025 y es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos de narcotráfico y crimen organizado».
- El jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, remarcó la gravedad de las acusaciones locales contra el guerrillero, señalándolo directamente de reclutar menores de edad, provocar desplazamientos forzados masivos y ordenar asesinatos selectivos.
- El mandatario estampó su rúbrica el pasado 26 de agosto para autorizar la extradición de Henao Gutiérrez y de otros cinco delegados que integraban los diálogos de pacificación.
- Los despachos oficiales explicaron que la justicia mantuvo suspendidas estas entregas durante meses debido a la condición de representantes que el anterior gobierno otorgó a los insurgentes en diversas mesas de conversación.
En tal sentido, la Dirección de Investigación Criminal ejecutó un fuerte cordón de custodia militar durante el embarque de los acusados en el avión federal norteamericano.
A este respecto, diversos expertos en política criminal sostienen que reanudar las extradiciones de jefes insurgentes restablece la confianza operativa con los departamentos de justicia en el exterior.
Aunado a esto, las asociaciones de víctimas en el departamento de Norte de Santander aplaudieron el traslado del cabecilla para que responda penalmente por sus crímenes transnacionales.
Asimismo, los fiscales estadounidenses alistan los pliegos de cargos en las cortes de circuito para iniciar formalmente los juicios orales correspondientes.
El colapso de la paz total y la doctrina de Abelardo de la Espriella
El balance negativo del esquema negociador previo
Por otra parte, la resolución del caso Mocho Olmedo exhibe el desmoronamiento definitivo del plan de pacificación que promovió la gestión gubernamental previa.
La política de «paz total», bandera emblemática del mandato de Gustavo Petro, hizo agua tras el fracaso evidente de los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Dicho fracaso propició la proliferación territorial de facciones irregulares que dispararon los índices de homicidio y extorsión en zonas rurales de la nación.
La iniciativa pretendía negociar simultáneamente con las disidencias de las FARC e imponer el sometimiento a la ley a megabandas como el Clan del Golfo, la estructura criminal más extensa del país.
No obstante, las mesas alcanzaron resultados exiguos mientras las organizaciones ilegales expandían sus corredores de contrabando y cultivos ilícitos.
En consecuencia, amplios sectores institucionales reclamaron mano dura para frenar el rearme de los frentes guerrilleros en las áreas de frontera.
De igual manera, los organismos internacionales observaron con preocupación cómo las treguas bilaterales terminaron debilitando la capacidad de respuesta de la fuerza pública.
La nueva línea de no concesiones desde la Casa de Nariño
Por añadidura, la actual administración presidencial marca una distancia irreconciliable con los métodos de trato benevolente hacia los alzados en armas
Antes de asumir formalmente la primera magistratura el pasado 7 de agosto, Abelardo de la Espriella advirtió de manera tajante el cambio de rumbo en su gestión.
El mandatario enfatizó entonces que en su «Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron» de la administración de Petro.
Dicha postura cobra fuerza operativa con la reactivación sistemática de las órdenes de captura y la supresión de los salvoconductos otorgados a los líderes de grupos irregulares.
Por otro lado, los comisionados de paz extranjeros intentan descifrar si existirá algún canal de contacto humanitario o si el Ejecutivo apostará plenamente por la vía militar y judicial.
De modo que la entrega de alias Mocho Olmedo a los alguaciles, las acusaciones por narcotráfico y crímenes de guerra, la firma de las seis órdenes pendientes y el entierro de la paz total redefinen el mapa del conflicto armado colombiano.
Con información de Alberto News
