Cristina Fernández y Máximo Kirchner sientan postura telemática este viernes ante el tribunal por presunto lavado en negocios hoteleros. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el legislador Máximo Kirchner, comparecen de forma virtual este viernes 23 de octubre de 2026 en el inicio de un juicio oral unificado. El Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) asume el liderazgo del debate por presunta asociación ilícita y lavado de activos en la emblemática causa «Hotesur-Los Sauces».
Dicha instancia examina las maniobras financieras que beneficiaron a empresas familiares con fondos procedentes de contratistas del Estado. La exmandataria, quien cumple régimen de prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 debido a una condena anterior por corrupción, seguirá la sesión vía telemática.
El esquema de la Fiscalía y los empresarios involucrados
El Ministerio Público Fiscal sostiene que el núcleo familiar articuló una red corporativa para legitimar fondos ilícitos entre 2003 y 2015:
- Los fiscales señalan que los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández sirvieron para canalizar retornos ilegales de contratistas mediante los hoteles e inmuebles de Santa Cruz.
- El pliego judicial ubica a la expresidenta como la máxima responsable de una asociación ilícita orientada al blanqueo de capitales.
- La acusación imputa al diputado nacional Máximo Kirchner en condición de organizador de la presunta estructura societaria bajo sospecha.
- El proceso incluye a 19 personas adicionales, entre quienes figuran el exgobernador Carlos Alberto Sancho, el constructor Lázaro Báez —recluido desde 2016— y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
- La causa excluyó definitivamente a Florencia Kirchner tras recibir un sobreseimiento firme en 2023, mientras los delitos debatidos contemplan penas de tres a diez años de cárcel.
En tal sentido, la Fiscalía procura demostrar que los alquileres hoteleros constituyeron un mecanismo directo para blanquear dinero de contratos viales.
A este respecto, diversos juristas porteños recuerdan que la confluencia de pruebas documentales resulta fundamental para sustentar el veredicto en maniobras complejas.
Aunado a esto, los representantes de la querella insisten en que los registros contables exponen operaciones comerciales ficticias para justificar sumas millonarias.
Asimismo, los defensores de los empresarios procesados rechazan la hipótesis acusatoria y defienden la total legalidad de los acuerdos de hospedaje suscritos.
El laberinto procesal y los reclamos de la defensa
El camino judicial desde las denuncias de Stolbizer
Por otra parte, la causa requirió más de una década de trámites judiciales para alcanzar la etapa del debate público.
La exdiputada Margarita Stolbizer, militante del partido GEN, formuló las denuncias originales que abrieron las investigaciones de Hotesur en 2014 y Los Sauces en 2016.
La Cámara de Casación ordenó en 2019 reunir los expedientes en un solo trámite por guardar íntima relación fáctica y probatoria.
Aunque el TOF 5 dictó el sobreseimiento de los encausados sin realizar el juicio en noviembre de 2021, la alzada revocó aquel fallo en septiembre de 2023.
La Corte Suprema de Justicia ratificó de manera definitiva en diciembre de 2024 la exigencia ineludible de instalar el debate oral.
En consecuencia, el tribunal debió fijar fecha definitiva tras superar sucesivas apelaciones interpuestas por las partes litigantes.
De igual manera, los peritos contables completaron auditorías exhaustivas para incorporar sus conclusiones al legajo probatorio central.
La unificación de último momento
Por añadidura, el criterio de organización del juicio sufrió cambios determinantes durante las últimas semanas.
El tribunal de primera instancia resolvió desdoblar los casos en septiembre, pero la Fiscalía apeló de inmediato ante el riesgo inminente de dispersar las evidencias.
Casación corrigió el rumbo el pasado martes y restableció la obligación de ventilar ambos expedientes en una misma sala de audiencias.
El abogado defensor Carlos Beraldi rechazó frontalmente la resolución repentina, argumentando que alterar el cronograma a escasos días de la apertura lesiona el derecho a la defensa.
Por otro lado, los acusadores públicos celebran la medida porque permite confrontar a todos los implicados bajo un mismo cuerpo testimonial.
De modo que los alquileres en Santa Cruz, la acusación contra Máximo Kirchner, las denuncias de Stolbizer y la unificación de Casación configuran un juicio de profundo impacto político.
Con información de EFE
