Cerca de 170.000 salvadoreños quedan al borde de la deportación en EEUU tras el fin el TPS el 9 de septiembre con beneficiarios que llegaron siendo bebés enfrentando la expulsión a un país que no recuerdan. Una cuenta regresiva de profundo impacto humano y legal se activó en los Estados Unidos ante la inminente extinción del Estatus de Protección Temporal (TPS) programada para el próximo 9 de septiembre de 2026, fecha límite fijada por la administración del presidente Donald Trump que dejará en el limbo migratorio y con orden de retorno forzoso a más de 170.000 ciudadanos salvadoreños, de acuerdo con los cómputos del National Immigration Forum.
Por lo tanto, la decisión de la Casa Blanca despojará de manera simultánea las autorizaciones legales de empleo y los permisos de permanencia a miles de personas que construyeron su arraigo económico y patrimonial durante un cuarto de siglo en territorio estadounidense.
Ante este escenario, una gran cantidad de los afectados arribaron en brazos de sus padres a corta edad y enfrentan la posibilidad real de ser deportados hacia un país de origen del cual carecen de vínculos vivenciales o recuerdos directos.
Arraigo de 25 años, testimonios en Misuri y el dilema de una vida construida
En primer lugar, el caso de Alma, una mujer de 30 años radicada en el estado de Misuri que solicitó omitir su apellido por seguridad, ejemplifica el drama de los inmigrantes que crecieron amparados por esta figura desde su designación en el año 2001.
En este sentido, la beneficiaria relató que ingresó al país cuando tenía apenas 18 meses de vida y accedió al estatus a los cinco años gracias a la gestión de su difunta madre, adquiriendo bienes raíces, cursando estudios formales y alcanzando puestos de supervisión en el sector fabril.
Los registros de las organizaciones proinmigrantes reflejan la complejidad operativa y humana que implicará la caducidad del alivio temporal en suelo norteamericano:
Vigencia del programa: Extinción definitiva fijada para el 9 de septiembre
Población afectada: Más de 170.000 ciudadanos salvadoreños amparados legalmente
Consecuencia legal directa: Cancelación automática de permisos laborales y riesgo de deportación
Antecedentes de cancelación: Medidas similares aplicadas con anterioridad a beneficiarios de Haití, Venezuela y Afganistán
Tiempo de permanencia: Colectivo con arraigo ininterrumpido desde el año 2001
«Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa y estoy haciendo una carrera; crecí con valores estadounidenses y de niña no tuve la posibilidad de elegir dónde hacer mi vida, por eso cuando me dicen que regrese a El Salvador siento que no es regresar porque yo no viví allá», expresó Alma ante las cámaras de medios internacionales.
Por su parte, los directivos de diversas corporaciones industriales en estados de mayoría conservadora comenzaron planes de contingencia para reemplazar a empleados con más de dos décadas de servicio continuo en sus líneas de producción.
Demandas de la Alianza TPS, recortes de gastos y clamor de residencia al Congreso
Incertidumbre familiar y parálisis de proyectos personales
Por su parte, el coordinador de la Alianza TPS, José Palma, de 48 años y padre de cuatro hijos con ciudadanía estadounidense por nacimiento, explicó cómo la cercanía del plazo límite lo forzó a congelar planes personales indispensables, tales como obras de remodelación en su hogar, y a recortar drásticamente los gastos diarios para acumular ahorros frente a la pérdida inminente de sus ingresos formales.
De manera paralela, la organización no gubernamental fundada en 2017 agrupa a decenas de colectivos civiles para recordar que la comunidad tutelada jamás dispuso de una ventanilla clara para tramitar la residencia definitiva por la inacción legislativa de las bancadas en Washington.
La presión sobre el Capitolio y la postura de la Casa Blanca
Al respecto, los activistas remarcan que la decisión del Ejecutivo republicano contrasta con las relaciones bilaterales formales que sostiene con el gobierno salvadoreño, inscribiéndose en una política continuada de desmontaje de amparos como el TPS y el programa DACA.
Las familias afectadas mantienen llamados de última hora a los legisladores del Congreso para que promulguen una ley de alivio permanente antes del vencimiento que evite fracturar la estabilidad económica de miles de hogares que tienen hijos nativos estadounidenses.
Con información de EFE
