Aplazan audiencia sobre detención preventiva de opositores en Bolivia. La audiencia judicial para revisar la detención preventiva de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, vinculados a la crisis política de 2019 en Bolivia, fue aplazada hasta este martes, informó uno de los abogados defensores.
El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz decidió posponer la sesión con el fin de «evidenciar si existen o no riesgos procesales», explicó el abogado Diego Gutiérrez, defensor del exlíder cívico de Potosí.
«Mañana (martes) se dictaría el fallo con relación a la detención preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, una vez revisados los riesgos procesales», indicó Gutiérrez.
Aplazan audiencia sobre detención preventiva de opositores en Bolivia
El jurista recordó que Pumari lleva 44 meses en prisión preventiva en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, y consideró que en su caso los riesgos procesales ya no existen, puesto que los documentos requeridos fueron presentados y los testigos declararon.
Camacho, suspendido de su cargo como gobernador de Santa Cruz, permanece detenido desde finales de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
La revisión de ambas detenciones se enmarca en un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitido el pasado viernes, para verificar el cumplimiento de los plazos procesales en todos los casos abiertos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.
El denominado caso “golpe de Estado I” fue iniciado en 2020 tras una denuncia de la exdiputada oficialista Lidia Patty, que atribuye a un golpe la renuncia de Evo Morales en 2019. El oficialismo sostiene que hubo una ruptura del orden constitucional, mientras que la oposición asegura que la dimisión fue consecuencia de un fraude electoral en los comicios anulados de ese año.
Camacho enfrenta cargos por terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros, por su rol en las protestas que llevaron a la salida de Morales cuando presidía el Comité Cívico de Santa Cruz.
Por su parte, Áñez fue apartada de este caso en 2024 tras ser ya condenada en el proceso paralelo conocido como “golpe de Estado II”, que derivó en una sentencia de 10 años de cárcel ratificada en 2023.
La defensa de la exmandataria insiste en que corresponde un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta, mientras el Gobierno y el MAS rechazan esa vía.
