Alligator Alcatraz en la mira judicial. Una audiencia en la corte federal de Miami abrió una semana decisiva para el futuro de Alligator Alcatraz, polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades. La instalación, ubicada a 60 kilómetros al oeste de la ciudad, se ha convertido en símbolo de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
Demandas por derechos humanos y ambiente
Grupos pro inmigrantes, como la ACLU, denunciaron violaciones constitucionales contra los detenidos. Alegan que no tienen acceso a abogados ni condiciones adecuadas para audiencias. Pidieron al juez Rodolfo Ruiz designar un tribunal con jurisdicción para que los internos puedan solicitar fianzas y otros recursos.
En paralelo, organizaciones ambientalistas y la Tribu Miccosukee exigen la demolición del centro. Argumentan que su construcción en la Reserva Nacional Big Cypress amenaza especies en peligro, sitios sagrados y décadas de esfuerzos de restauración de los Everglades.
Condiciones cuestionadas en el centro
El complejo fue levantado en apenas ocho días con carpas, baños portátiles y tráileres de FEMA en la pista del aeropuerto Dade-Collier. Desde julio, opera bajo la administración estatal y ya ha registrado más de 100 deportaciones.
Alligator Alcatraz en la mira judicial
Detenidos denuncian malas condiciones: baños colapsados, poca agua potable, fallas eléctricas, propagación de enfermedades y alimentación deficiente. Imágenes internas muestran celdas tipo jaulas con literas metálicas.
Próximos pasos judiciales
La jueza Kathleen Williams debe pronunciarse esta semana sobre la demanda ambiental. Su decisión definirá si continúan las obras en Alligator Alcatraz o si se mantiene la suspensión parcial vigente.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la instalación y afirmó que el objetivo es acelerar las deportaciones.
