Valencia, 16 de diciembre de 2025-. Repuntes económicos y alza del dólar afectan a los venezolanos. La frase “Venezuela se arregló” se popularizó en 2021 por una leve recuperación económica.
En aquel momento, hubo mayor actividad comercial, abastecimiento y un modesto repunte del consumo.
Sin embargo, cuatro años después, la situación ha cambiado, con inflación creciente y escasez de medicinas.
El economista Manuel Sutherland señaló que el tipo de cambio oficial del BCV creció exponencialmente entre septiembre y octubre de 2024.
Según el especialista, la depreciación refleja una economía sin plan claro y sujeta a coyunturas políticas extremas.
El gasto del gobierno sin respaldo ha presionado aún más al tipo de cambio, aumentando los precios.
Repuntes económicos y alza del dólar afectan a los venezolanos
El salario mínimo permanece en 130 bolívares, equivalente a menos de 1 dólar actualmente.
Los bonos de alimentación y “guerra económica” tampoco cubren las necesidades básicas de los ciudadanos.
Cendas-FVM reporta que una familia de cinco necesita 531,57 dólares solo para cubrir la canasta alimentaria.
La incapacidad de cubrir necesidades limita el consumo, que representa cerca del 60 % del PIB, y afecta la economía.
ONGs alertan sobre desnutrición infantil y explotación laboral de jóvenes, especialmente en sectores vulnerables.
Los ciudadanos recurren a compras a granel, trueques y donaciones para estirar su dinero disponible.
Transportes y vida diaria
El transporte público enfrenta aumentos de pasaje y escasez de unidades operativas, afectando la movilidad de los usuarios.
Trabajadores del sector piden tarifas ancladas al dólar y bonos de transporte para los ciudadanos.
Quienes no pueden pagar el pasaje optan por caminar o buscar alternativas más económicas.
Los precios altos afectan también la alimentación, obligando a sustituir productos costosos como carne por pollo o embutidos.
La población utiliza remedios caseros para aliviar enfermedades menores ante el alto costo de medicamentos.
Estas estrategias recuerdan a las adoptadas durante la crisis entre 2015 y 2017, reflejando la persistente vulnerabilidad social.
