Plataforma Unitaria exige la devolución de las herramientas de trabajo a siete técnicos de sonido liberados tras las marchas opositoras. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió este viernes 23 de octubre de 2026 la restitución inmediata de los instrumentos de trabajo pertenecientes a siete técnicos de sonido que sufrieron arrestos temporales luego de prestar sus servicios profesionales durante las movilizaciones opositoras del jueves.
La alianza política emitió un pronunciamiento institucional a través de sus canales digitales oficiales donde confirmó que los trabajadores ya recuperaron su libertad ambulatoria; no obstante, alertó que los cuerpos de seguridad mantienen bajo custodia indebida la totalidad de sus herramientas operativas.
Dicha incautación arbitraria encendió las alarmas de los sectores democráticos por considerar que la medida busca intimidar a prestadores de servicios comerciales independientes.
Las demandas de la oposición y el comunicado de la PUD
La dirigencia opositora estructuró una serie de exigencias puntuales dirigidas a las autoridades policiales para salvaguardar la integridad de los prestadores de servicios:
- La coalición opositora difundió un comunicado público en la red social X para denunciar que, aunque los ciudadanos están en libertad, sus «equipos de trabajo permanecen retenidos».
- La plataforma fijó una postura categórica ante las actuaciones de los organismos de seguridad: «Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, la devolución inmediata de los equipos retenidos, el respeto a la propiedad privada y el desmontaje definitivo del aparato represivo».
- La representación partidista enfatizó el carácter estrictamente profesional y mercantil que cumplían los siete operadores de audio en la jornada de calle.
- El texto demandó garantías plenas para que ninguna empresa o técnico enfrente represalias estatales por alquilar plantas eléctricas, micrófonos o cornetas a factores disidentes.
- La alianza política solicitó a los defensores de derechos humanos documentar formalmente el decomiso de los activos patrimoniales ante instancias internacionales.
En tal sentido, los portavoces de la coalición insisten en que privar del sustento diario a ciudadanos trabajadores quebranta principios constitucionales elementales.
A este respecto, diversos expertos legales señalan que retener implementos de audio sin mediar orden judicial ni imputación de delito configura una confiscación de facto.
Aunado a esto, las familias de los sonidistas expresaron profunda angustia debido a que tales artefactos representan la única fuente de ingresos para sus hogares.
Asimismo, las organizaciones no gubernamentales acompañan a los afectados para tramitar las solicitudes formales de entrega en las sedes policiales correspondientes.
Rechazo a la criminalización de labores técnicas en manifestaciones
La advertencia frente a prácticas intimidatorias
Por otra parte, la alianza opositora alertó sobre el peligroso precedente que significa judicializar contratos de servicios en concentraciones ciudadanas.
La PUD rechazó frontalmente las tácticas de presión aplicadas contra los trabajadores de la industria audiovisual en su declaración pública.
La dirigencia remarcó la gravedad del hostigamiento: «No podemos permitir que estas prácticas se repitan ni que se pretenda criminalizar a quienes, en el legítimo ejercicio de su trabajo, prestan servicios durante una manifestación pacífica».
Dichos señalamientos buscan frenar cualquier intento gubernamental de vetar indirectamente las convocatorias públicas asfixiando su soporte logístico básico.
En consecuencia, los líderes de la oposición anunciaron que respaldarán jurídicamente a las empresas de eventos para garantizar que operen sin miedo a redadas.
De igual manera, los movimientos cívicos recuerdan que la prestación de servicios técnicos cuenta con amparo legal en la legislación mercantil venezolana.
La exigencia de desmontar el aparato represivo
Por añadidura, la coalición opositora elevó su mensaje hacia los estamentos que diseñan las políticas de orden público.
Los voceros unitarios recalcaron la urgencia de desarticular los mecanismos de amedrentamiento dirigidos contra sectores que no militan en partidos políticos.
Dicho llamado persigue restablecer un clima de certidumbre ciudadana para las futuras manifestaciones que organicen los comités parroquiales en todo el país.
Por otro lado, los gremios de técnicos y productores de eventos evalúan pronunciarse en conjunto para exigir a las autoridades civiles salvoconductos de trabajo seguros.
De modo que la exigencia de devolución de los equipos, la liberación de los siete operadores, la denuncia sobre la propiedad privada y el reclamo contra la criminalización laboral configuran un debate medular en el panorama social venezolano.
Con información de Unión Radio
