Dr. Guillermo Mendoza Dávila
guillermomendozad@gmdconsultor.com
Como era de esperarse, ya a estas horas la apertura marcha como se dice en italiano piano piano va lontano, lento pero muy seguro. Ahora es Trinidad & Tobago junto con la Shell quienes han conseguido la necesaria autorización de las autoridades norteamericanas para explotar gas venezolano. Es cierto que las sanciones están enfocadas primordialmente en el petróleo, pero aun así nadie nos quiere tocar y mucho menos invertir sin el debido permiso.
Si bien el ahora famoso campo marino de gas Dragón tardará años en dar sus frutos, la licencia en sí misma es una gran noticia. Los otros que están prevenidos al bate, entre ellos Repsol, Eni y Ecopetrol no tardarán en tomar su turno frente al home plate de la OFAC y vendrán por sus fueros. Ojalá que sea pronto, que buena falta nos hace.
Mientras tanto, aquí en casa se da un acalorado debate sobre un tema hipersensible, como lo es el salario mínimo que deben devengar los trabajadores. Y es que “al circo le crecieron los enanos,” porque son ahora los trabajadores oficialistas los que manifiestan a diario en reclamo de lo que consideran sus muy merecidas reivindicaciones. Ya no quieren más de los maltrechos y poliónimos bolívares; ni fuertes, ni soberanos ni digitales. ¡Quieren de los verdes!
A decir del reputado Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) el sector privado paga actualmente unos $140 en promedio mensual, con los profesionales tasados cerca de $200 y los cargos gerenciales a partir de $300 y de ahí pa’arriba; así que, cómo puede ser que los que prestan sus servicios en el sector oficial devenguen unos míseros $14 al mes. No suena para nada razonable que luego de 25 años el proceso no pueda cubrir el mínimo de necesidades de sus colaboradores, poniéndolos a la par quizás solamente con los trabajadores en Bangladesh.
Pero, siempre hay un bendito pero. Resulta que el grupo de los denominados empleados públicos agrupa a la bicoca de 5.5 millones de venezolanos, unos más o unos menos, que prestan sus servicios al Estado en distintas capacidades. Un agotado modelo de redistribución de riqueza, muy usado desde illo tempore en toda Latinoamérica, donde el Estado emplea a todo aquel con el fin de mantener contentos a muchos, en vez de crear las condiciones necesarias para que cada quien se pueda propiciar sus ingresos de forma particular.
Ahora bien, en un país donde las arcas oficialistas deben recibir en este 2023 un estimado de $25 mil millones, no es tan fácil ajustar la nómina de los 1 mil millones actuales, 4% de los ingresos, a $3.3 mil millones, como se le achaca haber asomado a Fedecámaras, fijando el sueldo mínimo en $50 al mes, un 13% del total de ingresos y menos aún a los casi $7 mil millones que sugiere “con piquete invertido” el afamado economista José Guerra, con su propuesta de $100 de sueldo mínimo, más del 26% de los ingresos totales.
Ciertamente, las protestas van a dar su fruto, ya que sin dudas el gobierno cederá a la incesante presión respondiendo con algún tipo de ajuste. Lo que no está claro es que en efecto vayan a dolarizar la remuneración del sector público, ya que ello implicaría aceptar de pleno el formal entierro de nuestra muy cayapeada moneda, que hasta ahora han tratado de reivindicar.
Esperemos que por favor no sea otro ajuste en bolívares, que nadie quiere por su inherente deterioro y por el perverso efecto inflacionario que ya todos aprendimos a predecir. Entonces, no queda más que anticipar alguna aberración polifacética como quizás un anclaje al Petro u otro fenómeno parecido.
Pero lo que sí parece muy probable es que de aquí a los Carnavales estemos ante un nuevo esquema remunerativo que de seguro tendrá implicaciones también para el sector privado. Eso no lo duden, ya que es la forma más efectiva de desviar la atención de los temas prioritarios y lograr que todos hablemos de lo que no debemos.
