Alberto News – Caracas, 6 de marzo de 2025-. La continuidad de más de 100 organizaciones sociales que trabajan con migrantes, refugiados y desplazados en América Latina y el Caribe está en riesgo por las amenazas, estigmatización, xenofobia y la falta de recursos económicos, alertó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
«La situación actual de las personas defensoras de derechos de la población migrante y refugiada en el continente es muy difícil, muchas son estigmatizadas, amenazadas y cada vez hay menos recursos y apoyo a su trabajo», explicó el director de Codhes, Marco Romero, citado en un comunicado.
Romero recalcó que sin los defensores los «problemas que se viven en materia de migraciones y refugio serían aún más graves de lo que ya son, por tanto, es un momento crucial para que los Estados y la cooperación internacional valoren y apoyen su trabajo».
Para enfrentar esa situación, Codhes lanzó la campaña regional ‘Conecta por los Derechos’, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.
La campaña busca visibilizar y reconocer el papel de los defensores de derechos humanos de la población migrante y refugiada en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Según informes de Codhes estas personas y organizaciones son «objeto de amenazas debido a su labor y visibilidad en la defensa de los derechos, sin tener protección por parte de las autoridades, y también carecen de documentación, monitoreo y apoyo adecuado».
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina es la región del mundo más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos, en un contexto donde su trabajo es cada vez más relevante ante las diferentes crisis.
La región, asegura la CIDH, enfrenta un aumento sostenido de los flujos migratorios debido a conflictos, violencias, crisis económicas, persecución política y la emergencia climática. Esta situación ha llevado al desplazamiento forzado, tanto interno como transfronterizo, de más de 23 millones de personas.
Esta situación fue expuesta en noviembre pasado por Codhes en una audiencia en donde la CIDH se comprometió a seguir y revisar más de cerca las afectaciones que están viviendo quienes trabajan en pro de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Adicionalmente, organizaciones sociales de diferentes partes del mundo han expresado su preocupación por la decisión de Washington de suspender la cooperación que recibían de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
