DW – Valencia, 7 de marzo de 2025-. Desde que Donal Trump asumió la presidencia en Estados Unidos, y tras su duro discurso del pasado 5 de marzo, crecen los temores por la posibilidad de un mayor endurecimiento de las leyes de migración de ese país.
A menudo, el motivo de que muchos inmigrantes no consigan un estatuto legal de residencia es la norma conocida como ‘Ley de los diez años’, también llamada ‘Regla de inadmisibilidad de diez años’ o ‘Castigo de diez años’. No se trata de una ley, sino de una disposición basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglos en inglés) de Estados Unidos, y es anterior a los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta norma se aplica cuando una persona migrante acumuló más de un año de presencia ilegal durante una sola estadía, a partir del 1 de abril de 1997, y salió del país, ya sea por voluntad propia o porque fue deportado o removido del país bajo cualquier disposición legal, y luego solicita ser admitido nuevamente sin haber transcurrido diez años de su salida.
Por otra parte, si una persona migrante ha permanecido de manera irregular más de 180 días, pero menos de un año en EE. UU., y luego sale del país, debe esperar tres años, en su país de origen o en otro país, para poder reingresar a EE. UU. de forma legal.
‘Ley de los diez años’: ¿cómo afecta a los migrantes?
La ‘Ley de los diez años’ afecta sobre todo a personas deportadas que desean regresar a EE. UU., y a las que necesitan viajar fuera de EE. UU. para conseguir una visa o una tarjeta verde para regularizar su permanencia. Por ello, muchos migrantes no regularizan su situación, ya que temen no poder volver a EE. UU. por un largo período, especialmente si ya tienen familia y trabajo allí.
«Muchos regresan a su país de manera voluntaria -para visitar a su familia, por ejemplo- porque piensan que un familiar directo que vive en EE. UU., con tarjeta verde o ciudadanía, puede solicitar luego que puedan volver a EE. UU. por reunificación familiar, y así lograr su regularización. Pero esta especie de ‘autoderpotación’ no es sencilla, y su resultado no es exitoso, ni inmediato”, explica a DW Ernesto Castañeda, profesor mexicano de la American University, con sede en Washington.
«Esa imposibilidad de regresar tiene consecuencias devastadoras para la unidad familiar y termina obligando a muchas familias a plantearse si se regresan al país de origen de la persona que ya no puede permanecer más en Estados Unidos, o si las condiciones de ese país son tales que la familia debe optar por la por la separación familiar”, indica, por su parte, la abogada colombiana especialista en derechos humanos Helena Olea, vicedirectora de la red de organizaciones liderada por inmigrantes Alianza Américas, de Chicago, Illinois, en entrevista con DW.
«Si el caso es que los padres de niños que nacieron en Estados Unidos son deportados, estamos ante una separación familiar con graves y amplias consecuencias”, subraya.
Esto no solo causa gran impacto emocional, sino también económico, a juicio de Olea: «Si una madre o un padre ya no están en Estados Unidos, es mucho más difícil que el progenitor que se quedó le pueda pedir ayuda económica, o demandarle que pague alimentos, además de lo que significa la separación familiar para la crianza de los niños”, pondera.
Según Ernesto Castañeda, la medida «fomenta la separación familiar de personas indocumentadas”.
Mexicanos, grupo mayoritario de migrantes irregulares
Según estimaciones del Pew Research Center de 2022, en EE. UU. viven 11 millones de inmigrantes irregulares, y unos cuatro millones son mexicanos, el grupo mayoritario, pero su presencia disminuyó desde la cúspide de 6,9 millones en 2017. En 2022 conformaron un 37 % de las personas en situación irregular, el porcentaje más bajo nunca registrado. La otra mitad de los 11 millones proviene de otros países, incluidos los de América Central y del Sur.
Además, hay cerca de 500.000 nuevos inmigrantes con permisos temporales o parole, a través del programa para activistas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), y del programa Uniting for Ukraine (U4U). Estos grupos no aparecen en las estimaciones de 2022.
Excepciones y exenciones a la regla
«La gente está atrapada en un sistema legal cruel y no hay ninguna propuesta seria de Trump de regularizarlos, sino, por el contrario, quieren removerlos del país”, explicita Castañeda. A su juicio, «hay un programa etno-racial nacionalista blanco que está muy claro en la agenda de Trump y de sus asesores en materia migratoria”.
Si bien es posible solicitar un perdón por razones humanitarias graves ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), «se otorgan pocas exenciones por año, y no es fácil obtenerlas”, subraya el profesor Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University.
También hay exenciones provisorias que se piden antes de salir de EE. UU. para una entrevista consular, pero solo pueden hacerlo quienes tienen familiares directos con ciudadanía, y cumplen con requisitos especiales. No se otorga automáticamente, por lo cual muchos inmigrantes siguen en la incertidumbre de si podrán regresar o no.
Si quiere casarse con un ciudadano estadounidense, una persona inmigrante irregular debe salir del país y obtener una autorización de un consulado de EE. UU. allí. El expresidente Joe Biden «propuso una norma para que esas personas no tuvieran que salir de EE. UU., pero los fiscales generales republicanos rápidamente suspendieron esa medida”, señala Olea.
La experta opina que «la ‘Ley de los diez años’ tiene más implicaciones negativas que efectividad, y esa debería ser razón suficiente para que fuera reconsiderada”.
¿De qué modo se podría lograr eso? «Donald Trump podría hacer recomendaciones a los jueces de inmigración y a la Patrulla Fronteriza, que son parte del Ejecutivo”, dice Ernesto Castañeda. Pero todo proyecto para modificar la ley migratoria debe ser aprobado por el Congreso estadounidense.
Helen Olea recuerda que es posible hallar soluciones más humanas: «Una de la legislaciones migratorias más progresistas es la de Argentina, que estableció una excepción y permite que las autoridades tomen en cuenta el impacto en la unidad familiar”. Y ese es también el caso de Chile, donde «es posible presentar un recurso judicial pidiéndole a un juez que considere el impacto de una deportación en los derechos de los niños, por ejemplo”.
Con información de DW.
