Versión Final – Valencia, 7 de marzo de 2025-. Dieciocho estados de Estados Unidos interpusieron este 7 de marzo un recurso legal para intentar frenar la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en el país.
La acción legal, presentada a través de sus fiscales generales, se basa en el argumento de «amicus curiae», una figura que permite a terceros ofrecer argumentos en un litigio en curso.
La información fue confirmada por el abogado internacional Leopoldo Martínez Nucete, quien detalló que los estados involucrados en el recurso incluyen a California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
La documentación fue introducida en una corte federal en California, donde se lleva a cabo el juicio contra la revocatoria del TPS para los venezolanos.
La demanda principal fue impulsada el 20 de febrero por la Alianza Nacional TPS (Ntpsa) y otras organizaciones de defensa de los migrantes, alegando que la eliminación del beneficio es ilegal y motivada por discriminación.
Según el documento, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, tomó la decisión de anular una extensión del TPS apenas tres días después de asumir su cargo, pese a que la medida ya había sido publicada oficialmente en el Registro Federal.
El DHS notificó el pasado 5 de febrero que el TPS, un programa que protege a cientos de miles de venezolanos de la deportación, expirará oficialmente el 7 de abril de 2025.
La medida afecta a 384.202 venezolanos que obtuvieron el estatus en 2023, mientras que aquellos que lo recibieron en 2021 mantendrán su protección hasta el 10 de septiembre.
Según la administración Trump, la permanencia de los beneficiarios del TPS es «contraria al interés nacional».
Además de la acción en California, una segunda demanda fue presentada el 3 de marzo en el tribunal federal de distrito de Boston por Lawyers for Civil Rights, en representación de tres organizaciones de inmigrantes y cuatro personas afectadas.
Esta demanda busca bloquear la revocación del TPS tanto para venezolanos como para haitianos, argumentando que la medida carece de fundamentos legales y responde a motivaciones discriminatorias.
Mirian Albert, abogada principal de Lawyers for Civil Rights, sostuvo que la decisión de revocar el TPS no se basa en condiciones objetivas, sino en prejuicios raciales.
«La Constitución prohíbe las acciones del gobierno basadas en la animadversión racial«, afirmó.
El TPS para los venezolanos fue otorgado por primera vez bajo la administración de Joe Biden y posteriormente extendido debido a la crisis humanitaria en el país sudamericano.
Sin embargo, su revocación pondría en riesgo la permanencia legal de aproximadamente 600.000 ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, quienes perderían su derecho a residir y trabajar en el país.
Con información de Versión Final.
