Tribunal de apelaciones de Nueva York ratifica la validez de los bonos Pdvsa 2020 y eleva al máximo la presión sobre las acciones de Citgo frente a reclamos millonarios. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en la ciudad de Nueva York, desestimó la apelación que interpuso la representación ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ratificó la plena validez de los bonos Pdvsa 2020, instrumentos financieros cuya garantía compromete el 50,1 % del paquete accionario de Citgo Holding.
El jurista y exprocurador especial José Ignacio Hernández comunicó los alcances del dictamen este martes 27 de octubre de 2026, alertando que la dilatación del proceso judicial había permitido frenar en la práctica la pérdida de la filial desde 2019. Hernández advirtió con firmeza sobre las consecuencias inmediatas para la República: «Ahora la presión sobre Citgo es mayor».
Dicho veredicto sacude los cimientos financieros de la nación y capta la atención del sector energético en el estado Zulia y el resto del país, pues coloca a la principal refinadora nacional en suelo norteamericano al borde de un remate definitivo.
El origen del canje en 2016 y la pugna por la aprobación parlamentaria
El extenso conflicto corporativo se remonta al año 2016, cuando la directiva estatal de la petrolera emitió los referidos títulos como parte de una operación de canje para sustituir los bonos Pdvsa 2017.
La plana mayor de la corporación ejecutó dicha transacción financiera sin solicitar la autorización previa de la Asamblea Nacional, órgano que para entonces controlaba la mayoría parlamentaria opositora.
Dicha omisión institucional originó los posteriores reclamos legales de la defensa venezolana, argumentando que la colocación carecía de valor jurídico por tratarse de un contrato de interés público nacional que requería el aval explícito de los diputados.
La controversia legal compromete acreencias que rondan los 2.860 millones de dólares y atravesó complejas deliberaciones en diversas instancias tribunalicias del estado de Nueva York.
En tal sentido, la misma corte de apelaciones del Segundo Circuito revocó en julio de 2024 un veredicto previo que beneficiaba a los tenedores, ordenando evaluar la autenticidad de los títulos bajo la lupa del derecho venezolano.
A este respecto, la jueza federal Katherine Polk Failla, adscrita al Distrito Sur de Nueva York, dictaminó en septiembre de 2025 que los bonos y sus contratos anexos conservaban absoluta legitimidad según las leyes venezolanas.
La representación ad hoc de la estatal apeló sin éxito aquella determinación preliminar, postura que el tribunal colegiado desbarató de forma definitiva en su más reciente fallo.
Aunado a esto, los bonistas internacionales celebran la confirmación de la sentencia, argumentando que el Estado venezolano adquirió compromisos comerciales vinculantes que no puede evadir alegando disputas políticas internas.
Asimismo, analistas de deuda soberana subrayan que la decisión consolida los reclamos de los fondos de inversión sobre los activos tangibles de la corporación en el extranjero.
La subasta en Delaware y el blindaje temporal del Departamento del Tesoro
La oferta de Amber Energy y los 20.000 millones en demandas
Por otra parte, la ratificación tribunalicia agrava notablemente el panorama patrimonial de la empresa refinadora, coincidiendo con otro litigio multimillonario que avanza paralelamente en los tribunales de Delaware.
Dicho proceso judicial busca saldar indemnizaciones pendientes con decenas de acreedores y demandantes de la República y de la estatal que reclaman sumas superiores a los 20.000 millones de dólares.
En ese expediente, el magistrado federal Leonard Stark aprobó formalmente durante el mes de noviembre una oferta económica cercana a los 5.900 millones de dólares consignada por la firma Amber Energy, entidad filial del conglomerado Elliott Investment Management.
Dicha propuesta apunta a adquirir la totalidad de las acciones de PDV Holding, empresa que ejerce la propiedad directa de la matriz Citgo Petroleum.
En consecuencia, los tenedores del bono 2020 aceleran sus maniobras legales para coordinar sus demandas de cobro con los participantes de la subasta judicial en Delaware.
De igual manera, los consultores energéticos señalan que la superposición de demandas complica cualquier reestructuración ordenada de los pasivos externos venezolanos.
Las licencias de la Ofac y la nueva etapa judicial
Por añadidura, los acreedores que poseen los bonos garantizados enfrentan un obstáculo político y administrativo insalvable antes de apoderarse físicamente de las instalaciones de la filial.
Cualquier pretensión de los inversionistas para ejecutar la garantía prendaria sobre Citgo depende exclusivamente de las directrices y salvoconductos que emita la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense.
Dicha agencia federal extendió de manera sucesiva decretos y medidas de protección especial que bloquean la incautación de la refinadora para preservar el activo de cara a una transición negociada.
Por otro lado, la convalidación del fallo abre una etapa decisiva en la pugna por el patrimonio venezolano, fortaleciendo la posición negociadora de los tenedores que buscan liquidar la garantía vinculada al complejo industrial.
De modo que el rechazo a la apelación de la junta ad hoc, la vigencia del respaldo del 50,1 % accionario, la multimillonaria oferta de Amber Energy y el escudo temporal del Tesoro estadounidense dibujan una encrucijada crítica para el destino de la petrolera.
Con información de Reuters
