Valencia, 28 de octubre de 2026-. Los bloqueos web en Venezuela deben levantarse por completo, advirtieron expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al denunciar restricciones que afectan el acceso a la información, la libertad de expresión y la privacidad.
Los expertos señalaron que, aunque durante septiembre de 2026 se desbloquearon varios sitios y se restableció el acceso a determinadas plataformas, todavía permanecen restricciones totales o parciales. Entre los afectados figuran medios nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos, herramientas de privacidad y entidades de la sociedad civil.
«El reciente desbloqueo de sitios web es un paso en la dirección correcta. Pero debe extenderse a todos los sitios bloqueados indebidamente y ser aplicado por todos los proveedores de servicios de Internet», afirmaron los especialistas de Naciones Unidas.
También alertaron sobre las consecuencias de estas medidas para periodistas y defensores de derechos humanos. Según indicaron, las restricciones dificultan la comunicación segura y el ejercicio de derechos fundamentales.
Expertos de la ONU piden que Venezuela levante los bloqueos a internet y respete la libertad de expresión
De acuerdo con los expertos, proveedores como CANTV, Digitel, Telefónica Venezolana C.A. (Movistar Venezuela), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network llevan años bloqueando el acceso a distintas plataformas digitales.
Las restricciones afectarían a páginas de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, redes sociales, servicios de mensajería y proveedores de redes privadas virtuales (VPN).
Los especialistas señalaron que estos bloqueos se habrían aplicado, presuntamente, a petición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La prohibición de la red social X se levantó después de los terremotos de junio de 2026. Sin embargo, los expertos advirtieron que otros sitios y servicios digitales continuaron inaccesibles.
En septiembre, los proveedores de Internet desbloquearon varias páginas y restablecieron el acceso a otras plataformas. Pese a estos avances, Naciones Unidas insistió en que la medida debe extenderse a todos los servicios afectados.
«Mantener las restricciones socava el derecho del pueblo venezolano a buscar, recibir y difundir información», advirtieron los especialistas.
Expertos cuestionan la falta de información sobre la legalidad
Otro motivo de preocupación es la falta de información sobre el fundamento jurídico de las restricciones y los mecanismos disponibles para impugnarlas.
Los expertos de la ONU pidieron a las autoridades venezolanas adoptar medidas acordes con las normas internacionales para evitar que se repitan los bloqueos arbitrarios.
También recordaron que las empresas de telecomunicaciones tienen una responsabilidad propia en materia de derechos humanos, independientemente de las instrucciones que reciban.
En ese sentido, señalaron que el Gobierno debe garantizar que las órdenes emitidas por las autoridades no contribuyan a vulnerar estos derechos.
Los especialistas hicieron una mención particular a CANTV, empresa estatal que, según indicaron, debe operar conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
ONU pide revisar la Ley contra el Odio y los casos judiciales
Los expertos también se pronunciaron sobre el anuncio de la presidenta encargada de solicitar modificaciones a las disposiciones penales de la Ley contra el Odio.
Esta legislación fue aprobada en 2017 y ha generado preocupación entre mecanismos internacionales de derechos humanos. Según los especialistas, su aplicación indebida puede restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia pacífica.
Por ello, insistieron en que cualquier reforma debe ajustarse a las normas internacionales y garantizar el pleno respeto de este derecho.
«La reforma de la Ley contra el Odio debe ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos y garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión», afirmaron.
Los expertos también destacaron avances en los procesos penales contra periodistas, incluidos tres casos recientes que terminaron con sentencias absolutorias.
No obstante, pidieron que se adopten medidas similares en otros procedimientos pendientes, de acuerdo con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos.
