Valencia, 28 de octubre de 2026-. Los magistrados del TSJ en el exilio solicitaron un pronunciamiento institucional sobre su estatus jurídico ante el proceso de renovación del máximo tribunal venezolano. En una comunicación dirigida a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, reclamaron una respuesta formal sobre la vigencia de sus designaciones.
El documento, fechado el 20 de octubre de 2026, advierte que los jueces no han recibido una respuesta ni una notificación oficial de la directiva parlamentaria. Los firmantes sostienen que fueron designados en julio de 2017 conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La petición se produce mientras avanza el proceso para una nueva conformación del TSJ y continúan las discusiones políticas sobre la reorganización del Poder Judicial. Los magistrados consideran que cualquier iniciativa debe tomar en cuenta su situación y respetar las garantías legales que, según argumentan, protegen sus cargos.
Magistrados del TSJ en el exilio solicitaron un pronunciamiento de Dinorah Figuera sobre su estatus jurídico ante el proceso de renovación del tribunal
Los firmantes fundamentan su posición en el artículo 264 de la Constitución y el artículo 38 de la Ley Orgánica del TSJ. Ambas disposiciones establecen, según la interpretación expuesta en la carta, un período único e ininterrumpido de 12 años para el ejercicio de la magistratura.
Los jueces afirman que sus mandatos constitucionales continúan vigentes, pese a que no pudieron asumir materialmente sus funciones en las sedes judiciales venezolanas. Atribuyen esa situación a circunstancias de fuerza mayor y a la persecución política que, aseguran, los obligó a salir al exilio.
También recuerdan que el 5 de febrero de 2019 la Asamblea Nacional electa en 2015 ratificó su legitimidad mediante el artículo 22 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia.
Con estos argumentos, los magistrados reclaman que el proceso de reconfiguración del Poder Judicial no ignore las designaciones realizadas en 2017. Su planteamiento busca que el Parlamento defina formalmente cómo se abordará su situación jurídica en el contexto de los cambios institucionales.
Invocan el procedimiento constitucional para su remoción
En la comunicación, los jueces también invocan el artículo 265 de la Constitución, que establece el procedimiento para remover a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
Según su interpretación, la remoción requiere una calificación previa de falta grave por parte del Consejo Moral Republicano, la garantía de audiencia al magistrado afectado y la aprobación final de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional.
Los firmantes sostienen que esos requisitos no se han cumplido en su caso. Por ello, consideran que cualquier decisión que afecte sus investiduras debe ajustarse a las disposiciones constitucionales y garantizar el debido proceso.
La carta plantea que las conversaciones políticas sobre la reorganización del Poder Judicial deben incluir formalmente a los magistrados. De lo contrario, solicitan que la presidencia del Parlamento emita una resolución expresa y motivada que aclare su estatus jurídico.
Esa respuesta les permitiría, según el documento, evaluar las acciones legales nacionales e internacionales que correspondan para defender sus derechos y su posición institucional.
Ocho magistrados respaldan la solicitud
La comunicación cuenta con las firmas de ocho magistrados: Rommel Gil, Zuleima del Valle González, Milton Ramón Ladera Jiménez, Rafael Antonio Ortega Matos, Luis María Ramos Reyes, Beatriz Josefina Ruiz Marín, Gustavo José Sosa Izaguirre y José Sabino Zamora Zamora.
Los firmantes reiteraron su compromiso con el restablecimiento del Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos.
La solicitud coloca sobre la mesa la situación jurídica de los magistrados designados en 2017 en medio del proceso de renovación del TSJ. El pronunciamiento que reclaman busca establecer cómo serán consideradas sus designaciones frente a la nueva conformación del máximo tribunal.
