EE. UU. busca endurecer norma de “carga pública” para solicitantes de residencia. El Gobierno de Estados Unidos volvió a proponer cambios en la norma de “carga pública”, el criterio que permite negar la residencia permanente a inmigrantes que podrían depender de ayudas del Estado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planteó ampliar los beneficios que se tomarán en cuenta para determinar si un extranjero es inadmisible.
El plan incorpora elementos que no estaban incluidos en la regulación vigente, como el uso de Medicaid o los cupones de alimentos SNAP. Si un solicitante tiene altas probabilidades de convertirse en dependiente financiero del gobierno, su petición de cambio de estatus podría ser rechazada.
Durante su primer mandato, Donald Trump aplicó una norma similar, pero fue revocada por Joe Biden con el argumento de evitar que los inmigrantes temieran solicitar beneficios sociales. Ahora, el DHS sostiene que la norma de 2022 “no representa la mejor implementación” de la ley y que limita su capacidad para evaluar con precisión el riesgo de dependencia estatal.
La propuesta busca también restringir la llegada de nuevos inmigrantes y otorgar mayor discrecionalidad a los funcionarios. Incluso permite que un solicitante considerado inadmisible pueda obtener la green card si presenta una fianza financiera que garantice que no dependerá de fondos públicos.
EE. UU. busca endurecer norma de “carga pública” para solicitantes de residencia
Activistas y expertos advierten que la propuesta podría provocar decisiones arbitrarias y disuadir a inmigrantes con estatus legal de acceder a servicios esenciales a los que tienen derecho. “Genera caos, confusión y miedo”, señaló Adriana Cadenas, directora de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes.
El proyecto obliga además a evaluar no solo los beneficios que un extranjero podría solicitar en el futuro, sino también aquellos que haya recibido en el pasado o que tenga activos. Organizaciones migrantes alertan que esto aumentará la desigualdad y la incertidumbre.
Próximos pasos
La propuesta fue publicada el 19 de noviembre en el Registro Federal y entró en consulta pública por 30 días. Al finalizar, la secretaria Kristi Noem decidirá si la norma entra en vigor, se modifica o se descarta. Las autoridades no están obligadas a acatar los comentarios recibidos.
