Versión Final – Caracas, 10 de febrero de 2024. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, firmó dos decretos ejecutivos mediante los cuales llama a celebrar un referéndum sobre las enmiendas a la Constitución y una consulta popular, en los cuales los electores deberán responder 10 preguntas en un plazo de hasta 60 días.
Los decretos presidenciales 162 y 163 fueron firmados por el mandatario antes de iniciar un viaje personal a Miami, Estados Unidos, y toman como fundamento «las atribuciones que les confieren el artículo 104, el artículo 141, el numeral 14 del artículo 147 de la Constitución de la República; y el artículo 184 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia».
De este modo, Noboa notificó al Consejo Nacional Electoral ecuatoriano (CNE) para que continúe con el proceso electoral correspondiente, el cual deberá llamar a votar en un lapso máximo de 15 días.
Respecto al referéndum, está la propuesta de permitir la extradición de ecuatorianos, pero con las restricciones previstas en la Constitución vigente, como por ejemplo que no se haga a un país donde se aplique la pena de muerte o prácticas inhumanas, crueles o degradantes, o por delitos políticos con la exclusión del terrorismo y los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales.
Otra de las cuestiones busca reformar el Código de Trabajo para dar paso al contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, «sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores».
Se estima que esta consulta represente un gasto al Estado entre 50 y 55 millones de dólares, lo cual ha sido blanco de críticas desde sectores de la oposición que consideran este nuevo llamado a las urnas como innecesario ante el déficit fiscal y la violencia que afronta el país.
