Valencia, 28 de octubre de 2026-. La CIDH exigió derogar la Ley contra el Odio en Venezuela y advirtió que una reforma parcial no resolvería las restricciones a la libertad de expresión.
La CIDH exige derogar la Ley contra el Odio en Venezuela y advierte que una reforma parcial no resolvería las restricciones a la libertad de expresión que atribuye a esta normativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reiteraron este miércoles su petición al Estado venezolano.
En un comunicado fechado el 28 de octubre, ambos organismos tomaron nota del proceso de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Sin embargo, insistieron en que es necesario eliminar las disposiciones que puedan limitar indebidamente la difusión de información y las expresiones críticas.
«Una reforma parcial de la ley no bastaría para subsanar las deficiencias estructurales advertidas en múltiples ocasiones», señalaron la CIDH y la RELE.
El pronunciamiento se produce mientras la Asamblea Nacional avanza en el estudio de una modificación de la legislación, promulgada en 2017. Los organismos interamericanos también reclamaron transparencia y participación ciudadana durante el proceso parlamentario.
La CIDH exigió derogar la Ley contra el Odio en Venezuela y advirtió que una reforma parcial no resolvería las restricciones a la libertad de expresión
El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Nacional creó una comisión especial para estudiar la reforma parcial de la normativa. La iniciativa respondió a una solicitud del Ejecutivo y busca avanzar en la despenalización de los tipos penales contemplados en la ley.
Posteriormente, el proyecto fue remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta instancia declaró su conformidad constitucional el 15 de octubre.
Según la CIDH y la RELE, la propuesta permanece pendiente de discusión en el Parlamento. Ambos organismos advirtieron que, hasta la fecha del comunicado, no se había publicado el texto íntegro de la reforma que será sometido a consideración.
La falta de publicación también genera preocupación entre organizaciones venezolanas de la sociedad civil. Estas agrupaciones consideran insuficiente una modificación parcial y cuestionan la ausencia de participación de sectores potencialmente afectados por la legislación.
Por ello, los organismos interamericanos instaron a la Asamblea Nacional a publicar el proyecto completo antes de iniciar su discusión. También pidieron habilitar espacios para recibir propuestas y observaciones de los sectores interesados.
Reportan 85 casos contra personas y medios de comunicación
Los datos recogidos en el comunicado reflejan el alcance de los casos vinculados con presuntos delitos de odio. Entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por estos delitos.
De ese total, 49 correspondieron a periodistas, trabajadores de medios y comunicadores. Además, siete medios de comunicación fueron incluidos en los reportes citados por los organismos.
En 65 de los casos registrados se habría invocado la denominada Ley contra el Odio. Estas cifras forman parte de las preocupaciones expresadas sobre la aplicación de la normativa desde su promulgación.
La CIDH y la RELE cuestionaron especialmente el uso de conceptos que consideran «amplios y ambiguos». También señalaron las obligaciones impuestas a los medios y las facultades estatales para ordenar la eliminación de determinados contenidos.
Según ambos organismos, sus labores de monitoreo han documentado un uso «selectivo y desproporcionado» de la legislación para sancionar expresiones críticas y asuntos de interés público.
Asimismo, afirmaron que sus preocupaciones aumentaron después de las elecciones de 2024. En ese contexto, denunciaron la utilización de la norma contra personas percibidas como opositoras.
Organismos piden garantías para la libertad de expresión
La CIDH y su Relatoría Especial recordaron que la protección de la libertad de expresión requiere evitar tanto la censura directa como las disposiciones que puedan provocar autocensura.
A su juicio, determinadas normas pueden generar efectos intimidatorios sobre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que desean expresar opiniones o difundir información de interés público.
Por esta razón, reiteraron el llamado formulado el pasado 26 de junio para derogar las disposiciones que permitan «censurar, sancionar o perseguir» la difusión de información o expresiones críticas. La petición incluye expresamente la Ley contra el Odio.
Finalmente, los organismos exhortaron a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso legislativo transparente y participativo. También solicitaron incorporar las observaciones de organizaciones civiles, periodistas y representantes de los medios de comunicación.
