Valencia, 10 de diciembre de 2025-.Detuvieron al expresidente de Bolivia Luis Arce por corrupción. La medida responde a una investigación por corrupción ligada al histórico caso Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos administrativos de la última década en Bolivia.
Según pudo conocer Infobae, el ex presidente está señalado por su participación en decisiones adoptadas cuando era ministro de Economía, durante el gobierno de Evo Morales. En ese periodo, el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino manejó el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, acumulando más de 3.197 millones de bolivianos, equivalentes a unos 460 millones de dólares.
Detuvieron al expresidente de Bolivia Luis Arce por corrupción
Las auditorías revelaron graves fallas de control y uso irregular de recursos destinados a comunidades indígenas y campesinas. En 2015 se documentaron 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño inicial de 10 millones de dólares. Investigaciones posteriores detectaron más de 1.000 proyectos observados y elevaron el perjuicio estimado a más de 182 millones de dólares.
Los informes señalan desembolsos sin respaldo técnico, pagos a cuentas personales y proyectos aprobados sin verificación. Ese patrón consolidó una crisis de credibilidad que llevó a la intervención del Fondo en 2015.
Contexto político de alta tensión
El arresto de Luis Arce ocurre en medio de una fuerte fractura dentro del Movimiento al Socialismo. Desde 2023, el partido vive un conflicto abierto entre los bloques de Evo Morales y el propio Arce. La medida judicial intensifica esta división y genera un nuevo foco de tensión en el panorama político boliviano.
La causa se enfoca en las responsabilidades administrativas del ex mandatario dentro del directorio del Fondo. La Fiscalía busca determinar si sus decisiones, omisiones o autorizaciones facilitaron el esquema de desvío de recursos. Hasta ahora no existe un cálculo oficial del daño atribuible directamente a Arce.
Un caso que persiste una década después
A diez años de las primeras denuncias, el Estado boliviano solo ha recuperado una fracción mínima del dinero perdido: alrededor de 1,4 millones de dólares. La nueva imputación agrega un capítulo inesperado y vuelve a poner el uso de fondos destinados a comunidades rurales en el centro del debate público.
