Valencia, 10 de septiembre de 2026-. Denuncian que conductores siguen topándose con alcabalas en diversas zonas del país a pesar de su prohibición por decreto del Gobierno de Delcy Rodríguez.
A finales de agosto de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el desmantelamiento definitivo de los retenes fijos.
La medida buscaba garantizar el libre tránsito y eliminar puntos señalados por prácticas de extorsión.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, también respaldó la disposición. Aseguró que la etapa de las alcabalas en las calles había concluido.
Sin embargo, transportistas, conductores particulares y operadores turísticos denuncian que los controles continúan.
Según los testimonios recopilados, algunos funcionarios mantienen retenciones y exigen pagos para permitir la circulación.
Los cobros se realizan mediante efectivo en moneda extranjera, bolívares o transferencias electrónicas.
Entre las modalidades señaladas también aparece el uso de Pago Móvil durante los recorridos por carretera.
Denuncian que conductores siguen topándose con alcabalas en diversas zonas del país a pesar de su prohibición por decreto del Gobierno de Delcy Rodríguez
La permanencia de las alcabalas en Venezuela afecta especialmente a conductores de transporte interurbano y carga pesada.
También impacta a operadores turísticos que recorren las principales vías del país.
Los pagos irregulares representan un costo adicional para las empresas y los trabajadores del transporte.
Los conductores deben contemplar fondos de contingencia para afrontar las exigencias durante sus recorridos.
Esta situación reduce los ingresos disponibles para los choferes y afecta los márgenes comerciales de las empresas.
Los testimonios señalan que el esquema también se ha adaptado a la disponibilidad de efectivo y a las herramientas digitales.
Cuando los conductores no cuentan con dinero en efectivo, algunos funcionarios suministran números telefónicos y datos bancarios.
De esta manera, los pagos pueden realizarse mediante transferencias inmediatas antes de permitir el paso.
Boca de Aroa concentra denuncias
Uno de los puntos señalados se encuentra en la ruta hacia el estado Falcón.
La zona de Boca de Aroa, en el municipio Silva, presenta deterioro de la vialidad y hundimientos en la calzada.
Según los testimonios, estas condiciones obligan a los vehículos a reducir considerablemente su velocidad.
Los conductores aseguran que los puntos de control aprovechan estos tramos para detener las unidades.
En viajes de ida y vuelta hacia Paraguaná o Morrocoy, los autobuses ejecutivos pueden encontrar alrededor de diez controles por trayecto.
Los testimonios sitúan el cobro informal cerca de tres dólares por alcabala.
También señalan que algunas unidades deben disponer de al menos 25.000 bolívares en efectivo para afrontar estos pagos.
Las cooperativas de transporte evitan trasladar el costo directamente al precio del boleto.
Según las denuncias, el monto termina descontándose de los ingresos destinados a la operación y remuneración de los conductores.
Conductores denuncian revisiones y retrasos
Las denuncias también describen diferencias en la actuación de los funcionarios durante los recorridos nocturnos y diurnos.
Durante la noche, algunos conductores piden a los pasajeros cerrar las cortinas de los autobuses.
El argumento utilizado sería evitar que los viajeros presencien la entrega de dinero a los funcionarios.
Durante el día, la presencia de pasajeros y testigos modificaría la conducta de los efectivos.
En esos casos, los conductores denuncian revisiones más prolongadas de equipaje y documentación.
También mencionan controles sobre las listas de pasajeros e inspecciones de los vehículos.
Según los testimonios, estos procedimientos pueden generar retrasos de varias horas.
Un chofer de transporte interurbano describió la situación en la carretera hacia Falcón.
«El daño de la vía te obliga a frenar por completo y ahí mismo están instalados los puntos de control», relató.
El conductor aseguró que los funcionarios exigen una «colaboración» o una transferencia pese a presentar la documentación en regla.
Persisten cuestionamientos sobre el control
La continuidad de las alcabalas en Venezuela pese a la orden de eliminación genera cuestionamientos sobre la aplicación de la medida.
Los testimonios apuntan a una diferencia entre las disposiciones anunciadas desde Caracas y lo que ocurre en las carreteras.
Especialistas en seguridad ciudadana e investigadores de derechos humanos citados en la información consideran que el problema requiere medidas adicionales.
Según su valoración, la permanencia de estos controles estaría relacionada con economías ilícitas y las condiciones salariales de funcionarios de bajo rango.
Las denuncias sostienen que los cobros persisten en corredores viales pese a las instrucciones anunciadas por las autoridades.
