Valencia, 10 de septiembre de 2026-. Corte en Miami analizará una demanda que busca regularizar a 500.000 cubanos y hacer valer de nuevo la Ley del Ajuste Cubano mientras los arrestos de estos migrantes se han quintuplicado.
Una corte federal en Miami analizará este jueves una demanda colectiva que busca marcar un precedente legal para regularizar a unos quinientos mil cubanos en Estados Unidos y reactivar la aplicación de la histórica Ley del Ajuste Cubano, en medio de un drástico incremento en las detenciones migratorias bajo la administración de Donald Trump.
La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, escuchará los argumentos legales del caso Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional, impulsado por cerca de un millar de migrantes que exigen el reconocimiento formal de su estatus migratorio.
Corte en Miami analizará una demanda que busca regularizar a 500.000 cubanos y hacer valer de nuevo la Ley del Ajuste Cubano mientras los arrestos de estos migrantes se han quintuplicado
Los demandantes forman parte del grupo estimado entre quinientos mil y seiscientos mil ciudadanos cubanos que ingresaron a territorio estadounidense tras la derogación en dos mil diecisiete de la política de «pies secos, pies mojados» ordenada por el entonces presidente Barack Obama.
La mayoría de estos migrantes ingresaron entre dos mil diecinueve y dos mil veintitrés a través de la frontera con México y recibieron un formulario I-220A de libertad bajo palabra, un documento que el Ejecutivo actual no reconoce como un parole humanitario válido, impidiendo legalmente que los afectados soliciten la residencia permanente tras cumplir un año en el país. Ante este escenario de vulnerabilidad, el equipo legal liderado por el abogado Mark Prada busca certificar un colectivo nacional para otorgar a los migrantes una herramienta jurídica de defensa frente al riesgo de deportación.
Alza de arrestos y endurecimiento de políticas migratorias
La audiencia judicial se produce tras registrarse un incremento del cuatrocientos sesenta y tres por ciento en los arrestos migratorios de ciudadanos cubanos durante el primer año de la actual administración, alcanzando un promedio de mil ocho detenciones mensuales, mientras que las aprobaciones de residencias permanentes se desplomaron del noventa y nueve por ciento al quince por ciento, según un análisis del Instituto Cato.
