Douglas Rico advierte que el retiro de alcabalas no significa ausencia policial en las calles al ordenar patrullaje continuo. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario general Douglas Rico, ratificó este miércoles 9 de septiembre de 2026 desde Caracas la supresión formal de los puntos de control estáticos en las arterias viales de toda Venezuela, dando paso inmediato a un esquema de vigilancia dinámico orientado a modernizar la capacidad de respuesta policial, optimizar la seguridad ciudadana y cerrarle el paso definitivo a los cobros ilegales y arbitrariedades en las vías públicas.
La medida institucional responde a un cambio doctrinario hacia la prevención móvil y el patrullaje territorial ininterrumpido durante las 24 horas del día, tanto en el eje de la Gran Caracas como en las regiones del interior del país, preservando únicamente Puestos de Atención Ciudadana estratégicos para intervenir ante contingencias criminales.
Ante este escenario, la policía judicial busca recuperar la confianza de la colectividad exigiendo transparencia absoluta a sus comisiones y procesando judicialmente a los efectivos que incurran en malas prácticas.
Palabras de Douglas Rico, movilidad activa y puntos estratégicos
En primer lugar, el máximo representante de la policía científica detalló los fundamentos de esta reestructuración durante la emisión de su espacio radial Cicpc al Día, transmitido a través de sus plataformas digitales oficiales, donde aclaró que el levantamiento de las alcabalas fijas no representa un retroceso en el resguardo vial, sino una distribución más eficiente del pie de fuerza.
«Ahorita hay una orden donde quedan eliminadas las alcabalas. En la vía en todo el país hay puestos de atención que se van a mantener, ya no se verán tanto, pero es necesario mantener a hombres y mujeres en lugares establecidos para que si se llegara a presentar un delito rápidamente la intervención esté allí», puntualizó el comisario general Douglas Rico.
En este sentido, el jefe policial argumentó que la circulación constante de patrullas motorizadas y radiopatrullas disuade el accionar delictivo con mayor impacto que las estructuras estacionarias, permitiendo que la ciudadanía sienta el acompañamiento de las autoridades sin enfrentar trabas ni retrasos injustificados en el tránsito vehicular.
«La presencia de la autoridad en la calle es necesaria para evitar que alguna persona que quiera delinquir se aproveche de la ausencia de funcionarios policiales», remarcó el director de la institución.
Obligatoriedad de las cocteleras, contraloría social e investigaciones penales
Supervisión ciudadana y patrullaje visible
Por su parte, la directiva del organismo fijó como norma de estricto cumplimiento el encendido permanente de los sistemas luminosos de emergencia —conocidos comúnmente como cocteleras— en todas las unidades automotrices que cumplan labores de patrullaje o traslado en la vía pública.
De manera paralela, esta disposición persigue que peatones y conductores identifiquen a distancia y con total claridad a las comisiones oficiales, garantizando procedimientos diáfanos y evitando abordajes encubiertos o irregulares.
Asimismo, el cuerpo detectivesco exhortó formalmente a la ciudadanía a ejercer labores de contraloría social denunciando a través de las redes sociales y canales digitales a cualquier unidad policial que se desplace con los dispositivos lumínicos apagados, solicitando a los usuarios aportar el sitio exacto y los datos rotulados del vehículo infractor.
Sanciones y expedientes en la Oficina de Desviaciones Policiales
Al respecto, el titular de la Oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales, comisario Luis Brito, adelantó que el despacho a su cargo mantiene abiertas averiguaciones disciplinarias y expedientes de naturaleza penal contra aquellos funcionarios detectados en actuaciones indebidas, cobro de dádivas o abusos de autoridad durante las inspecciones viales.
Asimismo, Brito reafirmó el compromiso de la superioridad de depurar de forma exhaustiva las filas de la institución para extirpar cualquier práctica que lesione los derechos ciudadanos y castigar penalmente a los transgresores de la ley.
Con información de El Universal
