Delsa Solórzano denuncia opacidad en la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y exige anular leyes polémicas mientras advierte sobre el peligro de reciclar jueces y fiscales en el Poder Judicial. La presidenta de la organización política Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, formuló severos cuestionamientos frente a la falta de claridad institucional que rodea el proceso de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras ser aprobada en primera discusión legislativa, exigiendo garantías plenas de probidad y el cumplimiento estricto de las exigencias constitucionales en la selección de los aspirantes a ocupar las magistraturas del máximo tribunal de la República.
Por lo tanto, la dirigente advirtió que la reestructuración no debe concebirse como un mero pacto de cúpulas, sino como una prueba de fuego para evidenciar un verdadero quiebre respecto al modelo institucional vigente.
Ante este escenario, la vocera política condicionó el progreso socioeconómico del territorio a la reinstitucionalización transparente de las instancias judiciales.
Cuestionamientos a la mesa técnica, plazos de diciembre y la exclusión del Poder Electoral
En primer lugar, durante una comparecencia en el espacio radial conducido por el periodista Román Lozinski, la abogada enfatizó que las instancias encargadas de las conversaciones no ostentan la figura de un gobierno de facto, sino de un comité de trabajo sujeto a cronogramas específicos que tienen como fecha de culminación el próximo mes de diciembre, cuando deberán concretarse las designaciones de los magistrados principales, los organismos auxiliares de justicia y los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Yo esperaría de ellos transparencia, que le digan a la gente dónde estamos, porque se supone que ese es el nuevo país que nosotros queremos. Me pregunto por qué sólo TSJ y no CNE también en la primera ronda», expresó textualmente la portavoz opositora al evaluar el desarrollo de las negociaciones parlamentarias.
Asimismo, sobre las actuaciones iniciales que deben marcar la gestión del nuevo tribunal, reclamó señales inequívocas de rectificación que se traduzcan en la derogación inmediata de instrumentos normativos que presentan vicios de inconstitucionalidad, mencionando expresamente la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y los textos legales que restringen la operatividad de las organizaciones no gubernamentales.
Concursos públicos de base, impugnaciones ciudadanas y alerta sobre el Ministerio Público
Exigencia de concursos reales en todos los circuitos judiciales
Por su parte, la presidenta de Encuentro Ciudadano subrayó que la reestructuración de la cúspide judicial resultará completamente estéril si se preserva intacto el andamiaje inferior en los circuitos regionales.
De manera paralela, exigió la apertura de concursos de oposición auditables para designar titulares legítimos en las salas de control, juicio, así como en las áreas de jurisdicción civil, laboral y contencioso-administrativa, evitando que se mantengan esquemas discrecionales.
Observaciones a las listas de fiscales y vetos a la militancia partidista
Al respecto, la líder opositora alertó sobre distorsiones observadas en la reciente selección de funcionarios adscritos al Ministerio Público, señalando que al revisar los listados se constata que la gran mayoría de los postulados ya forman parte de la estructura interna de la Fiscalía.
Por ello, reiteró el llamado efectuado a los presos políticos para auditar los expedientes de los aspirantes y evitar la titularidad definitiva de fiscales provisorios involucrados en vulneraciones a los derechos humanos. Igualmente, demandó que al publicar las listas de candidatos a magistrados se active el período legal para que cualquier persona objete perfiles vinculados a la militancia partidista, recordando que sin garantías jurídicas ningún flujo de inversión podrá rendir frutos económicos en el país.
Con información de Alberto News
