Justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González por presunto lavado de dinero en su campaña electoral y sacude el tablero político a semanas de las elecciones seccionales. Un tribunal de Ecuador dictaminó este viernes 23 de octubre de 2026 la medida de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González.
El juez de la causa acogió formalmente la solicitud del Ministerio Público al considerar fundados los indicios de presunto lavado de activos en el financiamiento de la campaña electoral que la dirigente lideró durante los comicios de 2023. Dicho pronunciamiento mantiene a la principal rival política del presidente Daniel Noboa privada de libertad tras su aprehensión el jueves en la localidad costera de Canuto, en la provincia de Manabí.
La orden carcelaria y los otros imputados en el caso Laberinto
La justicia ecuatoriana aplicó la misma medida privativa de libertad contra dos personas señaladas de articular el ingreso de los fondos investigados:
- El magistrado a cargo formalizó la reclusión cautelar de Luisa González durante una audiencia telemática celebrada mientras la política permanecía bajo resguardo en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
- El tribunal extendió la medida de prisión provisional para el exasambleísta Santiago Díaz, quien purga actualmente una pena de más de 29 años de presidio por el abuso a una menor.
- La sede judicial impuso igualmente cárcel preventiva contra Wendy Onofre, quien cumplió funciones públicas en el Municipio de Guayaquil durante el mandato de Aquiles Alvarez.
- La acusación cobró tracción tras los señalamientos de Díaz, quien aseguró a las autoridades haber trasladado remesas de efectivo desde territorio venezolano para costear la contienda electoral de 2023.
- Los fiscales vinculan el origen de los recursos con las actividades comerciales ilícitas de combustibles atribuidas al exalcalde guayaquileño Aquiles Alvarez, actualmente sentenciado por esos hechos.
En tal sentido, los representantes del Ministerio Público defienden la legalidad del dictamen al argumentar que el flujo opaco de capitales vulneró la transparencia del sistema electoral.
A este respecto, diversos juristas ecuatorianos destacan que el proceso penal pondrá a prueba la solidez probatoria de las delaciones obtenidas frente a los movimientos bancarios reales.
Aunado a esto, las organizaciones aliadas a la Revolución Ciudadana tildaron la resolución de atropello judicial diseñado para descabezar al partido antes de la contienda en las urnas.
Asimismo, los mandos penitenciarios coordinan las medidas de seguridad interna para formalizar el traslado de González hacia un centro de reclusión definitivo.
Las pesquisas de medio millón de dólares y los alegatos de la defensa
El rastreo financiero que lidera el Ejecutivo
Por otra parte, la administración central sostiene que las auditorías bancarias revelan desvíos considerables en el manejo económico de las candidaturas de 2023.
El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, precisó que los organismos de inteligencia financiera siguen el rastro de unos 500.000 dólares de procedencia irregular.
Dicha pesquisa institucional pretende verificar si el dinero proveniente del contrabando de hidrocarburos ingresó a través de interpuestas personas a los actos de proselitismo partidario.
Los peritos contables examinan facturaciones, contrataciones logísticas y aportes privados para individualizar el destino de cada desembolso en las provincias ecuatorianas.
En consecuencia, el equipo fiscal busca establecer un nexo causal directo entre las operaciones mercantiles de Alvarez y los gastos operativos del comando de campaña.
De igual manera, la Contraloría y los peritos del Estado cruzan reportes con el Consejo Nacional Electoral para contrastar las cifras declaradas formalmente por el partido.
La postura de Luisa González ante los cargos
Por añadidura, la excandidata presidencial rebatió cada una de las aseveraciones judiciales y ratificó su voluntad de enfrentar los tribunales en suelo patrio
González recordó que ya colaboraba con las autoridades en una investigación previa denominada caso Caja Chica, iniciada en marzo por presuntas irregularidades similares.
La exaspirante a la jefatura del Estado expuso ante el magistrado que acumula 19 expedientes abiertos en la Fiscalía, calificando el procedimiento de persecución institucional.
La dirigente proclamó su inocencia en la sesión judicial con firmeza: «Inocente y perseguida política pretendo defenderme en presencia y en el país, dando la cara como lo he hecho hasta el día de hoy».
Por otro lado, los abogados de su equipo jurídico interpondrán los recursos legales pertinentes para revertir el encarcelamiento provisional y exigir medidas cautelares sustitutivas.
De modo que el dictamen de prisión preventiva, las delaciones de Santiago Díaz, el cerco sobre el medio millón de dólares y la insistencia de Luisa González en su arraigo configuran una coyuntura de extrema tensión en Ecuador.
Con información de EFE
