Valencia, 9 de febrero de 2026-. Abogado cuestionó la revocatoria de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa. La Fiscalía, dirigida por Tarek William Saab, señaló que la medida responde al supuesto incumplimiento de condiciones impuestas por el tribunal. Se solicitó cambiar la cautelar a detención domiciliaria.
El comunicado oficial no precisó cuál fue el incumplimiento concreto de Guanipa, figura cercana a María Corina Machado y militante de Primero Justicia.
Abogado cuestionó la revocatoria de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa
Revocan excarcelación de Juan Pablo Guanipa tras medidas de amnistía y convivencia promovidas por el Ejecutivo, que permitieron su libertad el domingo.
El Ministerio Público recordó que las liberaciones condicionales implican obligaciones estrictas y que su violación habilita la modificación o revocatoria de la medida para garantizar el proceso penal.
Fuentes judiciales indicaron que el tribunal no estaba de guardia al momento de la aprehensión, generando cuestionamientos sobre la regularidad del procedimiento.
Reacciones legales y críticas
El abogado Joel García cuestionó la fundamentación legal de la revocatoria. Señaló que el comunicado “no identifica un hecho específico de incumplimiento” y mezcla argumentos jurídicos con referencias políticas.
García afirmó que acciones como declaraciones a medios o acompañamiento a familiares no contravienen las cautelares, ya que no existieron prohibiciones expresas de expresión o reunión.
El jurista advirtió que la ausencia de motivación suficiente convierte la medida en “un uso indebido del proceso penal” y afecta la presunción de inocencia.
Opinión de organizaciones civiles
Revocan excarcelación de Juan Pablo Guanipa y organizaciones como Foro Penal calificaron la acción como un “secuestro”. Exigieron la liberación inmediata de Guanipa y otros detenidos en circunstancias similares.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha ofrecido detalles adicionales sobre el supuesto incumplimiento. Se espera el pronunciamiento del tribunal en las próximas horas.
El caso mantiene en vilo a la oposición y al sector judicial, mientras se debate la legalidad y los límites de las medidas cautelares en Venezuela.
