Asamblea Nacional abre la convocatoria pública para renovar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia y fija plazo de recepción hasta el 11 de noviembre. La Asamblea Nacional anunció formalmente la apertura del proceso de convocatoria pública para seleccionar a las candidatas y los candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Dicho mecanismo institucional, difundido mediante comunicado oficial este martes 27 de octubre de 2026, consolida una etapa determinante en la reconfiguración del máximo tribunal de la República.
El Comité de Postulaciones Judiciales fijó un período de recepción de expedientes que arrancará el miércoles 28 de octubre y culminará el miércoles 11 de noviembre de 2026, estableciendo una jornada de atención continua desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en los espacios del Museo Boliviano, adyacente a la sede legislativa en Caracas.
Las exigencias constitucionales, el perfil ético y las restricciones legales
La comisión parlamentaria determinó un riguroso pliego de condiciones indispensables que deberán acreditar todos los profesionales del Derecho interesados en integrar las salas del TSJ.
Los postulantes deben poseer la nacionalidad venezolana exclusivamente por nacimiento, descartando de forma taxativa a quienes ostenten doble nacionalidad o naturalización foránea.
El reglamento legislativo demanda una intachable conducta moral y pública, respaldada por un recorrido profesional y académico de alto nivel que responda a la investidura de la judicatura superior.
Los organizadores vetan a cualquier persona que arrastre sentencias penales definitivamente firmes dictadas por los tribunales del país o del extranjero.
En tal sentido, los abogados deben certificar una trayectoria jurídica sólida y comprobar una destacada formación académica o un ejercicio intachable en la administración de justicia.
A este respecto, el documento legislativo aplica estrictas restricciones administrativas contra aquellos ciudadanos que hayan enfrentado sanciones o inhabilitaciones impuestas por los órganos de control fiscal del Estado.
Aunado a esto, las autoridades descartan a profesionales con incompatibilidades funcionales que riñan con el principio de imparcialidad judicial.
Asimismo, la directiva del comité exige que cada candidato demuestre una total solvencia profesional en sus respectivas áreas del saber legal.
Los recaudos obligatorios, la ratificación previa y la firma directiva
El protocolo de consignación de documentos y solvencias gremiales
Por otra parte, los interesados presentarán una carpeta debidamente identificada y foliada con todos los soportes documentales exigidos por el equipo evaluador.
Los recaudos incluyen la carta de postulación formal, la constancia de aceptación del aspirante cuando corresponda, una copia ampliada de la cédula de identidad y los títulos universitarios registrados que avalen los grados en ciencias jurídicas.
Los postulantes anexarán comprobantes del carnet de inscripción en el Colegio de Abogados respectivo y en el Instituto de Previsión Social del Abogado, sumando una evaluación de salud mental avalada por un especialista colegiado.
El pliego demanda con carácter obligatorio una declaración jurada donde el aspirante certifique su total ausencia de militancia en partidos políticos.
Los aspirantes con trayectoria docente o judicial aportarán la certificación de servicios universitarios o la constancia de antigüedad emitida por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Los abogados entregarán además un currículo resumido y actualizado con dos fotos tipo carnet, detallando experiencia laboral, formación continua y aportes en labores comunitarias o voluntarias.
En consecuencia, el equipo técnico del Parlamento revisará minuciosamente cada expediente para descartar omisiones procesales.
De igual manera, los evaluadores cotejarán la veracidad de los títulos académicos con los archivos de las casas de estudio superior.
La revalidación de candidaturas de mayo y el liderazgo del comité
Por añadidura, el Parlamento resolvió la situación de los juristas que consignaron sus hojas de vida en la fase previa del año en curso.
La convocatoria estipula que los ciudadanos postulados entre mayo y junio de 2026 solo tendrán que ratificar por escrito su voluntad de competir en este nuevo certamen.
Dicha facilidad administrativa evita duplicidad de trámites y agiliza la fase de entrevistas técnicas preliminares.
El diputado Giuseppe Alessandrello, en su condición de presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, y el diputado Pablo Pérez Álvarez, como vicepresidente, suscribieron el documento final que formaliza las bases de este proceso.
El equipo parlamentario abre así una etapa crucial para designar a las máximas autoridades de la judicatura venezolana en los tiempos previstos por la cámara.
Por otro lado, los gremios de juristas y las facultades de Derecho preparan las listas de sus agremiados más destacados para participar en las postulaciones públicas.
De modo que los plazos en el Museo Boliviano, los vetos por doble nacionalidad, la entrega del examen psicológico y la firma de Alessandrello y Pérez marcan el arranque definitivo de la renovación del Poder Judicial.
Con información de Alberto News
