La SIP advierte que la libertad de prensa en Venezuela sigue amenazada pese al desbloqueo parcial de medios. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo 25 de octubre de 2026 que la libertad de prensa en Venezuela permanece severamente condicionada.
El gremio continental aprobó un informe técnico al culminar formalmente su 82ª Asamblea General en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el cual determinó que «la libertad de prensa continúa condicionada por un entramado de restricciones legales, censura digital, hostigamiento y actuaciones de organismos de seguridad que limitan el ejercicio del periodismo independiente».
La agremiación hemisférica admitió que ocurrieron «algunos avances» luego de que autoridades de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro en enero pasado, citando la liberación de comunicadores y la anulación de juicios penales.
No obstante, la entidad sentenció que las estructuras de coacción estatal continúan activas contra los reporteros en la calle.
El Sebin, la Dgcim y el hostigamiento en las coberturas de calle
La organización continental enfatizó que las fuerzas de seguridad del Estado preservan mecanismos de coerción que entorpecen la labor noticiosa:
- El informe de la SIP subrayó de forma tajante: «Los aparatos de control y persecución -la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpos policiales y otros organismos de seguridad- permanecen intactos».
- Los delegados de la SIP remarcaron que estos cuerpos castrenses continúan «impidiendo y obstaculizando el trabajo periodístico, tanto en las coberturas de calle como en el acceso a fuentes y el registro de hechos de interés público».
- La institución gremial reconoció, no obstante, una «mayor moderación en sus actuaciones» cotidianas frente a los trabajadores de la prensa.
- El documento precisó que los funcionarios policiales practican retenciones mucho más breves y evitan el decomiso definitivo de grabadoras, cámaras o teléfonos celulares.
- Las pesquisas constataron que «en varios casos documentados, los equipos de trabajo no son confiscados de forma permanente ni se exige el borrado sistemático de material periodístico».
En tal sentido, la persistencia de los expedientes judiciales y la presencia de patrullas policiales frente a las redacciones infunden zozobra entre los corresponsales comunitarios.
A este respecto, diversos defensores de los derechos humanos sostienen que los periodistas merecen salvaguardas absolutas para registrar denuncias ciudadanas sin enfrentar detenciones arbitrarias.
Aunado a esto, los cronistas parlamentarios recuerdan que las instituciones del Estado deben abrir sus despachos para garantizar la transparencia pública y el contraste de fuentes oficiales.
Asimismo, los círculos académicos de comunicación social demandan garantías plenas para que los reporteros gráficos circulen por las vías públicas sin recibir amenazas de los cuerpos armados.
Bloqueos digitales, datos de VE sin Filtro y la fragilidad del diálogo
Avances parciales y la censura de 143 dominios
Por otra parte, la reapertura paulatina del ecosistema web exhibe un panorama contradictorio que no logra solventar el apagón informativo.
Las autoridades levantaron restricciones digitales en septiembre pasado durante la segunda ronda de la mesa de diálogo auspiciada por Washington, donde las delegaciones debatieron medidas sobre libertad de expresión.
Dicha flexibilización devolvió el acceso en los proveedores venezolanos a portales de trayectoria internacional como la Agencia EFE y los diarios colombianos Semana y El Tiempo, entre otros sitios.
Sin embargo, los monitoreos técnicos de la ONG VE sin Filtro demostraron que hasta el 7 de octubre al menos 143 dominios continuaban bloqueados por operadoras de telefonía y 24 plataformas activas sufrían censura.
El organismo regional recordó que en su asamblea del año precedente denunció el bloqueo simultáneo de 80 sitios informativos por parte de las empresas de telecomunicaciones del país.
En consecuencia, los expertos en tecnología advierten que las empresas prestadoras de servicio de internet todavía aplican filtros DNS para impedir la navegación libre de los usuarios.
De igual manera, los usuarios comunes deben recurrir a redes virtuales privadas (VPN) para eludir los cortafuegos impuestos desde los servidores locales.
Exigencia de reformas legales y devolución de frecuencias
Por añadidura, la asamblea de la SIP reclamó transformaciones jurídicas de fondo para evitar que las medidas de alivio queden en meras promesas pasajeras.
El gremio emitió una firme advertencia sobre el alcance de las negociaciones políticas: «Cualquier avance parcial -como desbloqueos selectivos, detenciones de corta duración o declaraciones de apertura- seguirá siendo frágil mientras no se traduzca en reformas jurídicas vinculantes, restitución plena de bienes y frecuencias y desmantelamiento efectivo de las prácticas de hostigamiento».
Dicho emplazamiento exige que los actores de la mesa de diálogo deroguen normativas punitivas y restituyan de inmediato las señales de radio y televisión que el Estado confiscó durante la última década.
Por otro lado, los directores de medios impresos y digitales insisten en que la normalización democrática requiere la devolución física de las rotativas e instalaciones incautadas.
De modo que el informe anual de la SIP en Bogotá, la permanencia intacta del Sebin y la Dgcim, la censura de 143 dominios y la fragilidad de los desbloqueos configuran una realidad desafiante para el periodismo venezolano.
Con información de Alberto News
