Valencia, 5 de febrero de 2026-. ONG denunció muerte de un adulto mayor bajo custodia del gobierno en Carabobo. La ONG informó que José Lorenzo Chacón Becerra murió en enero por una falla multiorgánica en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como “La mínima”.
La organización calificó a Chacón Becerra como un preso social y aseguró que su deceso expone una “grave desatención médica” en las cárceles.
El OVP publicó en X que este caso refleja la vulnerabilidad extrema de los reclusos en el país y la falta de atención adecuada.
ONG denunció muerte de un adulto mayor bajo custodia del gobierno en Carabobo
Según el OVP, en el caso de Chacón Becerra se violó el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal.
Esa norma establece que las penas corporales terminan a los 70 años si el recluso ha cumplido al menos cuatro años de prisión.
La ONG insistió: “José Lorenzo no debió morir tras las rejas, debió estar en libertad”.
El organismo también señaló la opacidad sobre condiciones de salud y nutrición en los centros penitenciarios.
“La falta de transparencia solo busca ocultar la crisis que se vive en los centros de reclusión”, añadió el OVP.
La organización instó al gobierno encargado a mejorar la atención médica y garantizar el derecho a la vida de los internos.
Además, el OVP recordó que el artículo 272 de la Constitución exige un sistema penitenciario que asegure rehabilitación y respeto de derechos humanos.
La ONG pidió que se cumpla con ese mandato constitucional y se implementen mejoras urgentes en el sistema carcelario.
Contexto de muertes bajo custodia
La muerte de preso en La Minima ocurre en medio de denuncias sobre múltiples casos de fallecimientos en custodia registrados en los últimos años.
Organizaciones han documentado al menos 26 muertes de personas bajo custodia en la última década, cifra que solo cubre casos denunciados por presos políticos, por lo que el número real puede ser mayor.
Por ejemplo, hacía enero de 2026 se confirmó la muerte de Edison Torres, un funcionario policial de 52 años que estaba detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana conocida como Zona 7, en Miranda.
Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que muchas de estas muertes están vinculadas a condiciones precarias de reclusión, incluyendo falta de atención médica, desnutrición y riesgos sanitarios. Estos problemas han sido señalados en informes internacionales sobre condiciones de detención, que documentan dificultades de acceso a servicios básicos y atención.
El OVP y otras ONG hacen un llamado urgente para mejorar las condiciones en los centros de reclusión y evitar más fallecimientos bajo custodia. La muerte de preso en La Minima pone nuevamente el foco en esta problemática persistente que afecta a la población privada de libertad.
