Valencia, 10 de diciembre de 2025-. Un tercer juez autorizó la desclasificación de los archivos Epstein. El magistrado Richard Berman sostuvo que la Desclasificación de Expedientes Epstein procede porque el Congreso aprobó recientemente una ley que obliga a divulgar la información completa. La normativa fue firmada por el presidente Donald Trump el pasado 19 de noviembre y busca garantizar mayor acceso público a la evidencia recopilada desde 2008.
El juez había rechazado previamente solicitudes similares por la confidencialidad de víctimas y testigos. Sin embargo, la norma señala que la Desclasificación de Expedientes Epstein tiene prioridad incluso sobre el secreto tradicional de los materiales del gran jurado, que normalmente se mantienen reservados de manera permanente.
Berman advirtió que las casi 70 páginas previstas para divulgación “apenas constituyen un fragmento de rumores” sobre la conducta del financista, aunque forman parte de la base documental del caso.
Un tercer juez autorizó la desclasificación de los archivos Epstein
El juez pidió al Departamento de Justicia aplicar exhaustivamente las medidas de protección establecidas, como la supresión de nombres o cualquier dato que pueda identificar a las víctimas. Remarcó que la seguridad y la privacidad “son primordiales” y deben preservarse durante el proceso de publicación.
Los materiales conocidos como expedientes de Epstein incluyen evidencia reunida por las autoridades desde 2008, así como información relativa a Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por colaborar en el reclutamiento de adolescentes para la red de tráfico sexual.
Más órdenes de publicación
La Desclasificación de Expedientes Epstein se suma a otras decisiones judiciales emitidas la semana pasada. Otro juez federal de Manhattan ordenó publicar documentos del caso de Maxwell en 2021. Además, un tribunal de Florida aprobó liberar transcripciones de una investigación previa del gran jurado relacionada con las acusaciones contra Epstein.
Según registros oficiales, los expedientes superan las 100.000 páginas. La ley exige divulgar también las comunicaciones del financista con socios o terceros, aunque mantiene excepciones vinculadas a seguridad nacional, investigaciones en curso y protección de víctimas.
