EE. UU. reduce vigencia de permisos de trabajo para inmigrantes. Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron una reducción en la duración máxima de los permisos de trabajo para ciertas categorías de extranjeros.
La medida busca fortalecer los controles de seguridad y aumentar la frecuencia de verificaciones sobre quienes trabajan legalmente en el país.
¿Quiénes se ven afectados?
La nueva normativa impacta especialmente a:
- Refugiados.
- Personas a quienes se les concedió asilo.
- Quienes tienen suspensión de deportación o están en proceso de ajuste de estatus.
- Solicitantes de asilo con trámites pendientes.
- Beneficiarios de estatus especial (como TPS) o de otras protecciones humanitarias.
En esos casos, los permisos que antes podían durar hasta cinco años ahora tendrán una validez máxima de 18 meses.
Qué cambia — y por qué
La agencia responsable explicó que el cambio permitirá realizar verificaciones de seguridad e investigaciones de antecedentes de forma más frecuente.
La intención declarada es prevenir fraudes, detectar posibles amenazas y asegurar que quienes laboran en el país cumplan requisitos actualizados.
EE. UU. reduce vigencia de permisos de trabajo para inmigrantes
Además, se suprime la extensión automática de los permisos cuando se solicita su renovación: quienes renueven deberán esperar la aprobación expresa para seguir trabajando.
De no hacerlo, pierden la autorización laboral cuando su tarjeta actual expire.
Consecuencias e incertidumbre
El ajuste podría afectar a cientos de miles de inmigrantes que dependen del permiso de trabajo para obtener ingresos legales en Estados Unidos.
Al acortarse la vigencia y eliminarse extensiones automáticas, muchos podrían quedar en espera durante meses con su situación laboral en suspenso.
Empresas y trabajadores advierten sobre posibles interrupciones en empleos esenciales, además de generar inestabilidad para familias que dependen de esos ingresos.
Organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes han expresado preocupación: alertan sobre el riesgo de vulnerar derechos laborales y aumentar la precariedad.
