Venezuela alerta ante la CPI sobre riesgo por despliegue militar de EE. UU. en el Caribe. El gobierno venezolano presentó este martes ante la CPI una advertencia formal sobre lo que calificó como un “despliegue militar estadounidense sin precedentes” en el Caribe, que —según Caracas— pone en peligro la estabilidad regional, la paz en la zona y la soberanía de Venezuela.
En su intervención ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, instó al tribunal internacional a “examinar este patrón de agresión” y evaluar las posibles responsabilidades por decisiones que, aseguró, podrían constituir graves amenazas para la región.
Contexto del reclamo venezolano
Las alertas del gobierno de Caracas se enmarcan en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y el sur del mar Caribe, bajo fiscales de lucha contra el narcotráfico, operaciones navales, aéreas y despliegue de fuerzas en alta mar.
Ese movimiento ha generado múltiples denuncias de Venezuela, que lo considera como una potencial forma de coerción o intervención encubierta —y no una simple operación antidrogas.
Venezuela alerta ante la CPI sobre riesgo por despliegue militar de EE. UU. en el Caribe
Durante su alocución ante la CPI, Constant Rosales también criticó lo que describió como un “clima de intimidación sin precedentes” contra ese tribunal, argumentando que sanciones, amenazas y presiones políticas buscan frenar sus investigaciones, afectando su independencia.
Ante ese escenario, Venezuela solicitó que la corte considere el carácter punible de las acciones recientes y evalúe su impacto en la paz regional.
Riesgo para la región y llamado a la comunidad internacional
El Gobierno venezolano insistió en que el despliegue militar de EE. UU. no afecta solo a Venezuela, sino que pone en riesgo la estabilidad del Caribe entero: “Nos dirigimos en defensa de una región amante de la paz”, afirmó el embajador en su discurso.
De prosperar la demanda ante la CPI, se abriría la puerta a investigaciones internacionales sobre responsabilidades individuales y estatales por acciones que, según Caracas y diversos analistas, podrían constituir violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
