Valencia, 29 de agosto de 2025-. No creen que la recuperación de la formalidad del salario se de pronto. El salario mínimo oficial se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, equivalente a menos de un dólar mensual.
Para compensar, el gobierno implementa un ingreso mínimo integral, que incluye bonos como Guerra Económica y Cestaticket.
Este ingreso bonificado alcanza un equivalente de 160 dólares, pero no incide en beneficios laborales como vacaciones o aguinaldos.
El doctor Francisco J. Contreras, economista y docente, explica que la cotización del salario mínimo refleja la pérdida de funcionalidad del bolívar.
“El valor simbólico del salario mínimo es el resultado visible de la elevada inflación y la erosión del ingreso real de los hogares”, dijo.
Según Contreras, la economía venezolana opera de facto en un sistema bimonetario, con el dólar como referencia para transacciones significativas.
No creen que la recuperación de la formalidad del salario se de pronto
La depreciación del bolívar se relaciona con desequilibrio fiscal y monetario, contracción del sector productivo y distorsiones en controles de precios.
La ausencia de ajustes salariales automáticos ha generado una erosión acumulativa del valor real del salario mínimo.
Douglas Becerra, economista de la UCV, añade que la oferta y demanda laboral, junto a la expansión de empleos informales, desplomaron aún más el salario real.
Posibles soluciones y diálogo tripartito
Contreras sugiere desvincular el salario mínimo del bolívar y anclarlo a una Unidad de Valor Real (UVR) o divisa estable.
También propone mecanismos compensatorios directos, como transferencias monetarias para bienes esenciales, y políticas que incentiven la formalización laboral.
El diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado busca un acuerdo que distribuya responsabilidades y mejore el poder adquisitivo.
Actualmente, la mayoría de las empresas en Venezuela son familiares, con limitada capacidad para incrementar salarios sosteniblemente.
El trabajo por cuenta propia representa más del 20% del empleo, dificultando la implementación de un sistema contributivo integral de pensiones.
