a la integridad personal, a la vida privada y la salud (…) en prejuicio de Beatriz», indicó el tribunal continental, con sede en San José, al notificar la sentencia.
«El Estado adoptará las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial en situaciones que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer», dijo el vicepresidente de la CorteIDH, Rodrigo Mudrovitsch, quien leyó la parte resolutiva de la sentencia en un acto de notificación a las partes transmitido por internet.
Beatriz, un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la mujer, tenía 22 años y padecía una enfermedad autoinmune llamada lupus eritematoso sistémico. A las 12 semanas de embarazo su feto presentaba anencefalia, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.
«El Estado es responsable por la violación al derecho a la protección judicial» de la víctima cuando la Corte Constitucional salvadoreña le denegó una petición de aborto, dijo la Corte.
Pasados 81 días desde la petición del aborto, Beatriz comenzó el trabajo de parto y debió ser sometida a una cesárea de urgencia, a las 26 semanas de embarazo. El bebé murió cinco horas después.
En una entrevista exclusiva con la AFP en 2013 desde el hospital en San Salvador, donde estaba internada, Beatriz dijo: «Quiero la cesárea, primero por mi salud y porque no va a vivir el niño. No está bien lo que me han hecho, me han hecho sufrir».
«Triunfa la justicia»
Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito, ya había tenido un primer embarazo en 2011 que se complicó por una preeclamsia (hipertensión durante el embarazo) relacionada con su enfermedad autoinmune, lo que obligó a los médicos a practicarle una cesárea para salvar la vida del feto. Después de 38 días internado, el bebé sobrevivió.
«Lo que de verdad queremos es que otras mujeres no sufran lo que mi hermana tuvo que pasar», dijo en 2023 el hermano de Beatriz, quien prefirió no revelar su identidad, durante el inicio de las audiencias en la Corte Interamericana.
Beatriz era originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, unos 100 km al sureste de San Salvador. Su caso es solo un ejemplo de la situación de las mujeres, especialmente de bajos recursos, en países donde el aborto está prohibido.
«La condición médica de base de Beatriz exigía por parte del Estado un deber especial de protección, a través de la provisión de atención médica diligente y oportuna” y no la recibió, destacó la sentencia.
En San Salvador, activistas feministas recibieron el fallo con alegría.
«Triunfa la justicia. Estamos felices, hoy 20 de diciembre es un día que ha pasado a la historia para la justicia reproductiva de las mujeres», declaró lla abogada Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista.
En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y en algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.
La Corte ordenó como medidas de reparación que para garantizar que no vuelva ocurrir un caso similar, El Salvador «deber de adoptar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a embarazos de riesgo para la vida o la salud de la madre».
También adoptar medidas que garanticen «seguridad jurídica en la atención de situación como las del presente caso».
En marzo de 2023 comenzaron las audiencias del caso, que fue llevado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que opera como fiscalía en estos procesos.
Tras la situación sufrida por Beatriz, El Salvador cambió varios protocolos de atención a mujeres embarazadas, sin embargo, la Corte consideró que «persisten los vacíos en la normativa para la atención adecuada y oportuna de casos como el de Beatriz».
Con AFP, EFE y France 24
