El Nacional – Valencia, 7 de noviembre de 2024-. A través de X, el OVP explicó que los 60 presos -recluidos en los calabozos de una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)- reclaman un plan de abordaje o traslados a recintos penitenciarios, como exigen los que iniciaron la huelga, según detalló la ONG, que agregó que los reclusos se niegan a consumir alimentos hasta obtener respuestas concretas.
85% de los presos en el país están en retardo procesal
Humberto Prado, director del OVP, dijo a EFE que desde la ONG estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor de 85% están en retardo procesal.
Esto se debe -aseguró- a la «falta de alguna partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos», entre otras, lo que hace que el caso se difiera.
«El problema es el Estado. Si no está el fiscal, no hay quien acuse; si no está el abogado público, no hay quien defienda; si no hay juez no hay quien sentencie», sostuvo.
El OVP afirmó que los presos en Lara se pusieron en huelga como una medida extrema que refleja «desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas».
Asimismo, alertó sobre las consecuencias graves y progresivas para la salud de una huelga de hambre, ya que «puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales».
La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de manera urgente la crítica situación, de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de «visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas».
Con información de El Nacional.
