Alberto News – Valencia, 23 de septiembre de 2024-. Cuatro ciudadanos venezolanos confinados en una instalación federal de inmigración durante casi un año están desafiando la legalidad de su detención.
El viernes, tres organizaciones sin fines de lucro solicitaron un recurso de habeas corpus en nombre de los migrantes. Piden a un juez federal de Nuevo México que declare que su prolongada detención (de nueve a 11 meses y medio) viola el debido proceso y que ordene al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que los libere del Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral.
El Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nuevo México y el Centro de Derechos Constitucionales presentaron la demanda civil contra la instalación y el ICE en nombre de Luis Eduardo Pérez Parra, Leonel José Rivas González, Abrahan Josué Barrios Morales y un individuo identificado únicamente como MRRY.
Los solicitantes de asilo pasaron entrevistas de temor creíble en la frontera que les permitieron permanecer temporalmente en Estados Unidos. Un juez de inmigración ordenó posteriormente su expulsión del país. La repatriación se complicó debido al deterioro de las relaciones con Venezuela desde que Estados Unidos endureció las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Uno de los migrantes que interpuso la demanda fue supuestamente puesto en aislamiento por negarse a ser deportado a México en lugar de Venezuela. Otros dos se negaron a ir a México porque conocen a allegados que fueron lastimados o secuestrados allí, según muestran documentos presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México.
“Detener a personas durante períodos prolongados sin ningún recurso significativo, especialmente después de que tienen todas las razones para creer que deberían ser liberadas, no solo viola sus derechos constitucionales, sino que les inflige graves daños psicológicos y físicos”, dijo Rebecca Sheff, abogada principal de la ACLU de Nuevo México.
