Diario 2001 – Caracas, 26 de junio de 2024. Tras la muerte de una mujer venezolana, quien intentó huir de un hospital en Lima, Perú, tres organizaciones buscan que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas (ONU) declare la responsabilidad internacional del Estado peruano.
La muerte de Diana Aleman se registró en julio de 2020. La migrante quiso escapar de un hospital limeño tras conocer que sería denunciada por presentar un aborto incompleto.
“Mi vida, estos doctores van a llamar al serenazgo. Necesito que me ayudes”, fue el último mensaje que envió por Messenger a su pareja, Eudomar Gonzales, reseña Infobae.
La comunicación se realizó desde el celular de otra paciente, quien luego informó a la familia que la joven, quien ya era madre de dos hijas, se veía desesperada. La testigo detalló que una enfermera tuvo que calmar a la venezolana.
Diana acudió al hospital María Auxiliadora, en la zona sur de Lima, debido a dolores intensos en el vientre.
Aunque tenía un aborto espontáneo en curso, el personal sanitario, en un principio, se negó a recibirla por supuestas “medidas de prevención de covid-19″.
Posteriormente, le exigieron el pago de una suma de dinero y la compra de insumos médicos como condición para la atención.
Tras varias horas, la mujer cumplió las exigencias del hospital y recibió atención por su emergencia obstétrica.
Denunciada por aborto
Mientras se recuperaba del legrado uterino que le practicaron, el personal le informó que sería denunciada. Fue entonces cuando intentó escapar por la ventana de su habitación y falleció al caer desde el tercer piso.
Informes del relator especial sobre la tortura de la ONU señalan como “preocupante” que la asistencia médica posterior al aborto se vea limitada o condicionada por el intento de obtener confesiones o “imponer un castigo” a las mujeres.
En Perú, el aborto es sancionado penalmente, con excepción de la interrupción terapéutica del embarazo. Sin embargo, esto último aún es objeto de sanción social y de trabas en los servicios de salud. Por ello, la venezolana temía ser condenada.
Para las organizaciones, este caso “refleja una práctica frecuente y extendida en Perú de reportar y denunciar a mujeres con emergencias obstétricas en los servicios de salud, tanto públicos como privados”, señalan.
En 2020, año de muerte de la venezolana, 85 personas quedaron detenidas por delitos de aborto en todo el país, según Salud con Lupa.
Cuatro años después de lo ocurrido, la abogada Brenda Álvarez, de la Asociación Proyecta Igualdad, Justicia Verde de Perú, la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill y la organización Ríos presentaron informes ante el CEDAW. Exigen que los deudos obtengan justicia y reparación por estos casos.
Asimismo, buscan que el Estado peruano adopte medidas de no repetición, “incluyendo la adecuación de su marco normativo en materia de aborto y de confidencialidad médica”.
En un comunicado conjunto, difundido este lunes, las organizaciones recalcaron que “Diana fue víctima de violencia de género en un hospital público”.
Lo describieron como un episodio de violencia obstétrica y discriminación interseccional, así como una grave vulneración a las obligaciones éticas y de derechos humanos por parte del personal de salud.
Familia de la venezolana impulsa investigaciones
La familia de la venezolana impulsó investigaciones a nivel nacional que culminaron en un archivo con la hipótesis de que Diana se quitó la vida. La decisión, según las organizaciones, no tuvo fundamento probatorio y fue producto de un proceso que incumplió estándares mínimos de debida diligencia.
Asimismo, consideraron que los determinado por las autoridades estaría influenciado por múltiples estereotipos de género; entre estos, la presunción de que un aborto necesariamente genera altos niveles de culpa y puede llevar al suicidio.
Para evitar la repetición de los hechos, solicitaron recomendar al Estado derogar la obligación de denunciar a mujeres que buscan atención postaborto, contenida en el artículo 30 de la Ley General de Salud.
También piden implementar protocolos que garanticen el respeto de la confidencialidad. Además de eliminar las sanciones penales al aborto voluntario y adoptar acciones de formación y capacitación para el personal de salud y los funcionarios judiciales.
“Buscamos que esta denuncia sirva para que a ninguna otra mujer le pase lo mismo que a Diana en un hospital de este país”, dijo Dayana, su hermana.
Con información de Diario 2001/Infobae
