Pedro Alliana renueva la cúpula militar tras la detención de Santiago Peña por el colapso financiero de Ueno bank. El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó una reestructuración profunda en el alto mando de las Fuerzas Armadas este martes 10 de noviembre de 2026.
La determinación gubernamental ocurre inmediatamente después de tomar posesión del Ejecutivo nacional en medio del escándalo de proporciones mayúsculas por la quiebra e intervención de Ueno bank, turbulencia política y financiera que desembocó en la destitución y posterior encarcelamiento del exmandatario Santiago Peña.
Los nombramientos en el Comando en Jefe y los relevos de fuerza
Al divulgar las disposiciones oficiales mediante un comunicado emitido por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo formalizó la designación del general Manuel Rodríguez Sosa como nuevo comandante de las Fuerzas Militares.
En tal sentido, el alto oficial lideraba previamente el Ejército paraguayo y asume ahora la máxima jefatura castrense en reemplazo del general César Moreno Landaira, justo cuando se cumple la primera semana del proceso judicial y bancario contra la entidad financiera.
A este respecto, el mandatario confió la comandancia interina del Ejército al general Alcides Lovera Ortíz, quien traspasa responsabilidades operativas para asumir el control directo de las unidades terrestres en todo el territorio nacional.
Aunado a esto, el general Roberto José Idoyaga tomó las riendas de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) en calidad de titular interino, relevando del puesto a Julio Rubén Fullaondo.
Dicha rotación estratégica alcanzó igualmente los pasillos de la casa de gobierno, donde el general Fredy Oviedo Cáceres asumió como jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia tras relevar en esas labores a Lovera Ortíz.
Asimismo, estas designaciones evidencian la premura del mandatario por afianzar una línea de mando leal y cohesionada que responda con prontitud ante posibles focos de inestabilidad pública.
La insolvencia de Ueno bank y las medidas de estabilización económica
El agujero de 800 millones de dólares y la sucesión constitucional
Por otra parte, la nación guaraní ingresó en un laberinto de tensiones desde el martes precedente, fecha en la que el Banco Central de Paraguay (BCP) decretó un proceso forzoso de resolución contra Ueno bank motivado por insalvables problemas de insolvencia patrimonial.
La medida encendió las alarmas económicas por el riesgo inminente de perder unos 800 millones de dólares pertenecientes a diversas instituciones públicas, recursos que comprendían principalmente el patrimonio de los fondos pensionales de los trabajadores.
En consecuencia, el Congreso apartó del cargo a Santiago Peña y las autoridades policiales procedieron a su inmediata aprehensión preventiva para que enfrente a la justicia por el colapso del ente bancario.
Dicha coyuntura llevó a Alliana a jurar la jefatura del Estado el pasado viernes mediante el mecanismo de sucesión constitucional que amparaba su investidura como vicepresidente de la República.
De igual manera, el gobernante ejecutó de inmediato múltiples remociones en el tren ministerial, aunque decidió ratificar a Óscar González como máxima autoridad del Ministerio de Defensa para garantizar la continuidad institucional.
La cobertura a los ahorristas y el blindaje del Banco Central
Por añadidura, el BCP desplegó un plan de contingencia monetaria para sofocar el pánico de los cuentahabientes y contener una corrida masiva hacia otras entidades privadas.
El instituto emisor anunció este lunes que el 93,1 % de los clientes de Ueno bank, equivalente a 1.738.804 personas, recuperó la totalidad de su dinero gracias a la garantía estatal que cubre fondos de hasta 38.622 dólares por titular.
En tal contexto, los sectores productivos y la oposición política reclaman profundizar las pesquisas forenses para determinar el destino exacto de las colocaciones multimillonarias del Estado que no cuentan con cobertura inmediata.
Por otro lado, los comités parlamentarios prevén convocar a los directivos del ente regulador bancario para esclarecer por qué permitieron la concentración desmedida de fondos públicos en la institución intervenida.
Con información de EFE
