Abogado y defensor de DDHH José Vicente Faría denuncia persecución política en su contra tras denunciar desapariciones forzosas. El reconocido profesional del Derecho demostró con pruebas que él y su familia son víctimas de un entramado judicial para criminalizarlo, y que se le niega la amnistía a pesar de que el Estado anuncia una reforma del sistema de justicia penal.
El abogado José Vicente Faría Labarca, criminólogo y defensor de derechos humanos, denunció que él y su familia son víctimas de una “implacable” persecución política por parte de autoridades venezolanas, y aseguró que su único delito fue denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por organismos de seguridad del Estado.
Con prueba en mano, el especialista del Derecho demostró que las acusaciones judiciales en su contra carecen de fundamentos. El hostigamiento inició luego de que denunciara en marzo de 2025 las detenciones ilegales y desapariciones forzosas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en medio del contexto político de brutal represión instaurado en el país tras las elecciones presidenciales de 2024.
“Hemos recibido constantes amenazas»
Faría aseguró que días después de la denuncia, comenzaron a recibir amenazas él y su esposa, e incluso mantenían un seguimiento de la familia en sus actividades diarias. “Hemos recibido constantes amenazas del gobierno, militares y civiles, de incriminar a mis familiares para mantenernos silenciados”, denunció.
A Faría le abrieron una causa penal en la que lo involucran como socio de unos clientes, un acto que calificó como “criminalización al ejercicio del abogado”. Agregó que en esa causa penal se le relaciona con una narrativa de amenaza nacional anunciada por las autoridades venezolanas, en la que se señaló a dirigentes opositores, como Edmundo González y María Corina Machado, y a empresarios —entre ellos José Enrique Rincón, propietario del Grupo Lamar—, de tener vínculos para atentar contra la democracia venezolana.
“Al ser abogado de ciudadanos investigados en estos casos de alto perfil, me convirtieron en un objetivo clave para la obtención de información con respecto a dichos ciudadanos a través de la tortura; por lo que debí salir del país con mi familia”, explicó Faría.El jurista sostiene que denunciar al gobierno por las desapariciones, su visibilidad pública en redes sociales y medios de comunicación, su trabajo social y sus aspiraciones políticas también sirvieron como detonante para que el Estado magnificara los hechos e iniciara una cacería «sin tener pruebas».
Un testigo con prontuario
Faría aseguró que, en su caso, el Ministerio Público usa la declaración coaccionada de un supuesto testigo protegido, a quien asistió legalmente en 2012 con un equipo de abogados en un juicio de extradición en Panamá y que posee un amplio prontuario penal internacional.
Explicó que este testigo no pagó al equipo de especialistas que lo defendieron y que luego intentaron cobrar legalmente. “Ahí radica su animadversión”, indicó Faría, quien insistió en que no hay ninguna prueba real en su contra.
Desde España, Faría teme por su vida y la de su familia. “El terrorismo de Estado es trasnacional, e incluso hay agentes dentro de España encargados de perseguir”, remarcó.
Aseguró que debió exiliarse porque en Venezuela opera una “mafia en el Poder Judicial” que le impide su defensa, así como sigue ocurriendo con decenas de presos políticos que están tras las rejas en Venezuela.
Por estos operativos fueron detenidos alcaldes, policías y militares en el estado Zulia bajo un claro esquema de persecución política.
Violaciones y amnistía negada
A Faría, como a decenas de perseguidos políticos, le fueron incautados sus bienes y las instalaciones de su bufete, Faria Corporación Jurídica Internacional, C. A., funcionan actualmente como un comando militar de la Guardia Nacional con calabozos de presos.
El caso de Faría estaba a cargo del entonces juez Ángel Betancourt Martínez, titular del Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo, quien fue detenido en septiembre de 2025 por hechos de corrupción. Los tribunales de terrorismo fueron usados para imputar y señalar a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, quienes fueron calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.
Faría aplicó a ser beneficiado con la Ley de Amnistía aprobada en febrero de este año por la Asamblea Nacional y la administración de Delcy Rodríguez, pero dos meses después de introducir la solicitud le fue negada arbitrariamente.
El abogado exige desde el exilio que su caso sea revisado con objetividad y que aparten a “la mafia judicial” que aún opera en Venezuela, porque “hay muchos interesados en callar la verdad, y que los verdaderos culpables de esos delitos gravísimos salgan impunes”. Faría hace la petición con la confianza de que se haga justicia en su caso y en el de decenas de presos políticos en medio del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que forma parte de los acuerdos que alcanzó en agosto pasado un sector opositor y el chavismo en una mesa de diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.
