Tribunal federal de apelaciones evalúa uso de ley del siglo XVIII para acelerar deportaciones bajo Trump. Un tribunal federal de apelaciones escuchó el lunes argumentos orales en lo que probablemente será un juicio decisivo sobre si el Gobierno del presidente Donald Trump puede usar una ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, está sopesando si los migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas, pueden ser deportados bajo la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que otorga amplias facultades al Ejecutivo para expulsar extranjeros considerados amenazas en tiempos de conflicto.
El abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, que defiende a los detenidos, cuestionó la aplicación de esta ley alegando que fue concebida para usarse exclusivamente en tiempos de guerra. Gelernt destacó que “el propio gobierno está diciendo que no estamos en un conflicto militar” con Venezuela, por lo que su uso resultaría inapropiado.
El Gobierno de Trump ha afirmado que los detenidos forman parte del Tren de Aragua, una violenta banda criminal venezolana. Sin embargo, la ACLU rebatió estas acusaciones y aseguró que muchos de sus clientes tienen solicitudes legítimas de asilo, lo que complica la deportación acelerada.
En marzo, Trump emitió una proclama en la que anunció que utilizaría la Ley de Enemigos Extranjeros para detener y deportar rápidamente a los presuntos miembros del Tren de Aragua, catalogando a la banda como una organización terrorista internacional que incluso habría invadido territorio estadounidense.
Tribunal federal de apelaciones evalúa uso de ley del siglo XVIII para acelerar deportaciones bajo Trump
La Corte Suprema falló en abril que los detenidos pueden impugnar sus expulsiones en los tribunales federales donde se encuentren detenidos. Sin embargo, el tribunal de apelaciones dejó claro que no resolverá la validez general del uso de la ley para deportaciones, sino que evaluará el caso específico.
Desde entonces, varios tribunales en diferentes distritos judiciales han cuestionado la invocación de esta ley por parte del Ejecutivo y han bloqueado deportaciones basándose en argumentos legales y humanitarios.
Este caso se perfila como un punto clave para determinar el alcance del poder presidencial en materia migratoria y los límites del uso de leyes antiguas en contextos actuales.
