Donald Trump endurece el cerco migratorio en Estados Unidos con la suspensión de citas consulares, fianzas de hasta cien mil dólares y una ola récord de deportaciones. El Gobierno de Donald Trump intensificó durante los últimos días las restricciones de entrada a Estados Unidos mediante la suspensión global de citas para visas de inmigrante, la imposición de costosas fianzas a viajeros de decenas de países y la revocación de permisos de permanencia, en el marco de la mayor campaña de expulsiones en la historia reciente de esa nación.
Por lo tanto, de acuerdo con informes académicos de las universidades de California Berkeley y UCLA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó 49.571 arrestos durante el mes de julio, marcando el registro mensual más elevado en lo que va de su segundo mandato presidencial. Ante este escenario, estas disposiciones han provocado una avalancha de demandas impulsadas por organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).
Disputa en cortes federales, desacato a fallos y suspensión de citas consulares
En primer lugar, la actual confrontación judicial alcanzó un punto crítico luego de que una jueza federal de Nueva York anulara el pasado 21 de agosto el bloqueo a los trámites de visado para ciudadanos de 75 países, dictaminando que la medida excedía las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, el Departamento de Estado respondió ordenando una pausa temporal en todas las entrevistas consulares para visas de inmigrante en el mundo, argumentando la necesidad de capacitar a su personal diplomático en nuevos protocolos.
Frente a esta situación, abogados defensores y familias afectadas presentaron una moción de urgencia ante el tribunal neoyorquino para obligar a las autoridades a cumplir con la sentencia judicial.
«El Gobierno ha adoptado numerosas medidas que parecen perpetuar la suspensión de la tramitación de visas en lugar de acatar la orden, planteando serias dudas de que esté eludiendo la ley bajo una justificación falsa», advirtieron las organizaciones demandantes en su reclamo legal.
Por consiguiente, los defensores de los derechos civiles sostienen que la Casa Blanca busca dilatar los procesos legales mediante trabas administrativas.
Cauciones monetarias, regla de carga pública y anulación de visados vigentes
Fianzas elevadas para visados de turismo y permisos de trabajo técnico
Por su parte, la administración profundizó su doctrina contra la llamada «carga pública» al exigir cauciones obligatorias de entre 10.000 y 20.000 dólares para solicitudes de turismo y negocios a nacionales de 50 países, incluyendo a ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Igualmente, el Ejecutivo fijó un cobro de 100.000 dólares de fianza para la expedición de visas de trabajo especializado H-1B, utilizadas prioritariamente por corporaciones en los sectores de ingeniería y tecnología. De manera paralela, la política oficial mantiene en la incertidumbre a los beneficiarios de los programas DACA y Estatus de Protección Temporal (TPS).
Revocación a peticionarios de asilo y demandas a leyes estatales
En este sentido, el Departamento de Estado evalúa retirar de forma retroactiva las visas a aquellos extranjeros que ingresaron con permisos de turismo o negocios y solicitaron asilo formalmente ante las autoridades.
Al respecto, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, reveló que una auditoría a visados diplomáticos otorgados entre 2019 y 2023 descubrió a 420 funcionarios extranjeros que pidieron refugio alegando persecución por parte de los mismos gobiernos que representaban. Asimismo, la administración demandó este jueves las legislaciones de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que otorgan descuentos de matrícula universitaria y ayudas a estudiantes indocumentados.
Con información de EFE
