Red Sindical Venezolana reportó 1.100 protestas del sector público en lo que va de 2026 y evalúa una paralización ante el silencio salarial. La Red Sindical Venezolana reportó 1.100 protestas del sector público en lo que va de 2026 en diversas regiones del territorio nacional.
El coordinador general de la organización, Mauro Zambrano, ofreció el balance este sábado 7 de noviembre de 2026 ante los medios de comunicación, escenario donde advirtió con firmeza que la clase trabajadora evalúa pasar de las manifestaciones de calle a una paralización de actividades frente a la ausencia de respuestas gubernamentales.
La advertencia de huelga y la falta de pronunciamientos gubernamentales
Frente a los reporteros que cubren la fuente sindical, Zambrano argumentó que la inacción estatal agota la paciencia de los trabajadores en las instituciones públicas y centros hospitalarios.
En tal sentido, el portavoz laboral cuestionó el hermetismo gubernamental tras esperar medidas económicas a inicios de mes: «Dijeron que el 1° de noviembre iban a hacer unos anuncios, no hubo (…) Ante esa situación a nosotros no nos queda más que hacer una paralización, debido a la situación que estamos viviendo los trabajadores».
A este respecto, el representante gremial puntualizó que la falta de certeza sobre los pagos de fin de año genera una profunda inquietud en los hogares de la administración pública.
Aunado a esto, Zambrano sostuvo que los meses continuos de manifestaciones callejeras sin respuestas obligan al movimiento obrero a considerar medidas de presión de mayor alcance.
El dirigente ratificó la necesidad de emprender acciones más contundentes: «Cuando pasan este tipo de situaciones hacemos una protesta, pero creo que ya es hora de hacer una paralización».
Asimismo, las distintas organizaciones sindicales señalan que las jornadas de protesta mantenidas a lo largo de octubre demuestran la urgencia de rescatar el poder adquisitivo y hacer respetar las contrataciones colectivas.
El bloqueo a las movilizaciones y el debate por el salario mínimo
El cerco policial a la marcha hacia Miraflores
Por otra parte, los acontecimientos recientes exhiben la constante tensión que enfrentan los empleados estatales al intentar visibilizar sus demandas en la capital.
El pasado 13 de octubre, trabajadores de la educación, el sector salud y otras áreas de la administración pública marcharon en Caracas rumbo al Palacio de Miraflores para exigir remuneraciones dignas y jubilaciones justas.
En consecuencia, piquetes de las fuerzas policiales bloquearon los accesos viales e impidieron el avance de la caminata hacia la sede presidencial.
Dicho despliegue de seguridad generó amplias denuncias en plataformas digitales y medios independientes ante la negativa oficial de escuchar los reclamos directos de las bases trabajadoras.
De igual manera, los delegados sindicales recalcan que el cierre de los espacios de interlocución pacífica empuja a las bases a considerar la suspensión colectiva de las jornadas laborales.
La brecha de las bonificaciones y el conflicto de los aguinaldos
Por añadidura, el foco de mayor confrontación radica en la amplia disparidad entre el salario legal y el esquema de asignaciones aplicado por el Ejecutivo.
El salario mínimo oficial permanece fijado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, mientras que el ingreso mínimo integral alcanza los 240 dólares mediante bonificaciones que no impactan en las prestaciones sociales ni en las primas laborales.
En tal sentido, la falta de información oportuna sobre los aguinaldos incrementa el descontento en los ministerios y dependencias descentralizadas.
A pesar de que algunas oficinas públicas iniciaron la carga de registros en octubre, las autoridades todavía no precisan los montos definitivos ni las fechas de desembolso bancario.
Por otro lado, diversas corrientes gremiales reclaman que las instituciones calculen las bonificaciones de fin de año tomando como base el ingreso integral y no exclusivamente el salario básico legal congelado.
Con información de El Diario
