Perkins Rocha critica que Estados Unidos retire las sanciones a Jorge Rodríguez mientras 322 venezolanos continúan tras las rejas por motivos políticos. El abogado y asesor opositor Perkins Rocha criticó con dureza que el Gobierno de Estados Unidos levantara las sanciones contra el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en momentos en que las autoridades retienen todavía a 322 presos políticos.
El jurista vinculado al equipo de María Corina Machado alzó su voz a través de su cuenta de X para cuestionar el trasfondo de una medida que beneficia directamente al principal negociador del oficialismo sin exigir la excarcelación inmediata de los detenidos.
Dicha postura pone en tela de juicio las prioridades de la diplomacia norteamericana, la cual retiró a Rodríguez de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el mismo día en que ambas facciones reanudaron conversaciones en Caracas.
El balance de los 322 prisioneros frente a la medida del Tesoro
El portavoz desglosó el inventario humano de las personas que siguen recluidas en los centros de detención del país:
- Perkins Rocha contabilizó un saldo de 322 venezolanos encarcelados bajo acusaciones de corte político en diferentes instalaciones de reclusión.
- El abogado precisó que el registro incluye a 182 ciudadanos civiles y a 140 miembros de la Fuerza Armada Nacional.
- La nómina de detenidos agrupa a 308 hombres, 14 mujeres y 31 personas con ciudadanía foránea o doble nacionalidad.
- El Departamento del Tesoro estadounidense omitió cualquier explicación pública al momento de retirar al jerarca oficialista del listado de la OFAC.
- La decisión norteamericana coincidió con el comienzo formal del tercer ciclo de diálogo entre delegados del chavismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015 en el Hotel Meliá Caracas.
En tal sentido, diversos sectores de la disidencia venezolana consideran inadmisible que las flexibilizaciones favorezcan a figuras gubernamentales mientras los prisioneros continúan bajo encierro.
A este respecto, activistas humanitarios señalan que utilizar el cese de sanciones como moneda de cambio debilita el reclamo por las garantías civiles en el país.
Aunado a esto, las familias de los encarcelados redoblan sus manifestaciones pacíficas para impedir que las mesas de negociación releguen el drama carcelario a un segundo plano.
Asimismo, los círculos políticos en Washington reciben críticas de legisladores que demandaban condicionar cualquier beneficio a la liberación plena y verificable de los reclusos.
Contradicciones del diálogo y la memoria del «quid pro quo»
El reclamo opositor sobre las verdaderas prioridades
Por otra parte, el señalamiento de Rocha retoma una frase célebre para evidenciar la falta de equilibrio en las negociaciones bilaterales.
El dirigente opositor empleó la expresión latina «quid pro quo» para ilustrar que Estados Unidos entregó una recompensa mayúscula sin recibir contraprestaciones democráticas a cambio.
El propio Rodríguez había pronunciado esa misma frase en mayo pasado al anunciar la excarcelación de 300 personas, argumentando entonces que el Ejecutivo actuaba sin pedir nada a cambio.
Washington justifica sus gestos diplomáticos destacando la excarcelación acumulada de más de 1.200 presos políticos dentro de los avances del proceso político.
Rocha había advertido en agosto pasado sobre las desviaciones de la agenda negociadora, cuando la delegación oficialista intentó priorizar el rescate de bienes confiscados en el extranjero antes que resolver la suerte de los prisioneros.
En consecuencia, el sector mayoritario de la oposición percibe este alivio financiero como una capitulación prematura que reduce la presión internacional sobre el Palacio de Miraflores.
De igual manera, los facilitadores internacionales procuran blindar el espacio de conversación en el Meliá Caracas para evitar un quiebre anticipado de los contactos.
Tensión en torno a la mesa negociadora
Por añadidura, el rechazo de Rocha cala profundamente en la militancia civil que exige resultados tangibles y no simples discursos protocolares.
Los equipos jurídicos de las organizaciones civiles demandan listas transparentes y cronogramas inmediatos de excarcelación para los 322 ciudadanos restantes.
Dicha exigencia cobra más fuerza ante el protagonismo de Jorge Rodríguez al encabezar las rondas de conversaciones en representación del gobierno interino.
Por otro lado, los analistas de coyuntura advierten que el malestar en las bases opositoras podría restar legitimidad interna a cualquier acuerdo que emerja de esta nueva etapa de diálogo.
De modo que los 322 presos pendientes, el retiro de Rodríguez de la OFAC, el arranque de la ronda en el Meliá y la enérgica queja de Rocha agitan el panorama institucional.
Con información de Alertas 24
