Tribunal Supremo de Justicia suprime los juzgados especiales de terrorismo en toda Venezuela y reparte sus causas en tribunales ordinarios para frenar el «uso excesivo» de dicha figura penal. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suprimió los juzgados especiales con competencia en terrorismo a escala nacional y transfirió todas las causas que llevaban hacia los tribunales de control ordinarios de todo el país.
La Sala Plena del máximo tribunal aprobó la histórica medida con la firma de su presidenta, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, argumentando la necesidad imperiosa de erradicar dilaciones indebidas, frenar el uso desmedido de la tipificación penal por terrorismo y garantizar plenamente las prerrogativas del debido proceso legal.
Dicho mandato entró en vigor formal tras su aprobación en el Salón de Sesiones el pasado 13 de octubre de 2026, ordenando su inmediata divulgación en Gaceta Oficial.
Disolución de salas en Caracas y cese de funciones jurisdiccionales
La resolución emanada de la cúpula del Poder Judicial ordenó el desmantelamiento operativo de instancias claves en el circuito capitalino:
- El dictamen estipuló la liquidación formal de cuatro despachos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas: los juzgados 30°, 49°, 52° y 13° en Funciones de Control.
- Dichas salas ejercían funciones exclusivas como tribunales especiales primero, segundo, tercero y cuarto contra el terrorismo hasta el momento de la publicación del acuerdo.
- La Sala Plena facultó a la Comisión Judicial del TSJ para tramitar y notificar el cese inmediato de las atribuciones jurisdiccionales de los jueces a cargo de esos despachos.
- Los juzgados de control estadales en los distintos estados asumirán la sustanciación, conocimiento y sentencia de las causas enmarcadas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
- La judicatura aplicará en adelante las normas ordinarias que contempla el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para procesar estos delitos de forma equitativa y descentralizada.
En tal sentido, los colegios de abogados y defensores de derechos humanos consideran que descentralizar los litigios alivia la sobrecarga procesal que asfixiaba a las sedes de la capital.
A este respecto, diversos juristas procesalistas coinciden en que someter los casos a jueces locales restituye las garantías del juez natural y agiliza los traslados de imputados.
Aunado a esto, las secretarías de los circuitos judiciales en las regiones acondicionan sus archivos para recibir el volumen de expedientes procedentes de Caracas.
Asimismo, los funcionarios de la Inspectoría General de Tribunales supervisan el trámite de entrega de inventarios para impedir extravíos de evidencias durante el traspaso.
Plazos para operaciones especiales y entrega rigurosa de archivos
Diligencias encubiertas y prórroga técnica de 15 días
Por otra parte, la resolución judicial estableció un protocolo específico para resguardar investigaciones complejas en desarrollo.
Las causas que incluyan interceptaciones telefónicas activas, agentes encubiertos o entregas vigiladas no pasarán a los nuevos tribunales de manera inmediata.
Dichos despachos suprimidos conservarán una competencia temporal extraordinaria por un lapso no superior a 15 días hábiles para culminar esas actuaciones urgentes.
Los magistrados fijaron este periodo de transición con el objetivo de resguardar el éxito operativo de las pesquisas y evitar rupturas en la cadena de custodia policial.
En consecuencia, los fiscales del Ministerio Público asignados a las pesquisas coordinan con los cuerpos policiales el cierre rápido de las vigilancias telefónicas en curso.
De igual manera, los secretarios judiciales verifican que cada procedimiento encubierto cuente con las firmas y sellos correspondientes antes de cerrar la etapa de instrucción.
Blindaje de piezas secretas y asignación automatizada
Por añadidura, el instructivo del Tribunal Supremo trazó reglas rigurosas para el traspaso de información sensible.
Los secretarios judiciales mantendrán las actuaciones confidenciales bajo estricto resguardo dentro de cuadernos separados y debidamente sellados.
Dicha documentación pasará a manos de los nuevos jueces designados mediante entregas personales directas y sin intermediarios.
Un sistema aleatorio automatizado distribuirá las causas entre los tribunales ordinarios para asegurar la máxima transparencia e imparcialidad en los sorteos.
Por otro lado, los familiares de personas procesadas por delitos de terrorismo esperan que este cambio descongestione los centros de detención y permita audiencias preliminares sin retardos.
De modo que el cierre de los cuatro juzgados en Caracas, el cese de los jueces especiales, la prórroga de 15 días para entregas controladas y el reparto automatizado marcan una profunda sacudida en los tribunales del país.
Con información de Alberto News
