Más de 300 investigadores alertan contra los sistemas actuales para verificar la edad. Más de 350 científicos e investigadores de 30 países han advertido sobre los riesgos de los actuales sistemas de verificación de edad para acceder a servicios en internet. Los expertos sostienen que estas tecnologías podrían causar más perjuicios que beneficios y solicitan una moratoria en su implantación a gran escala.
La ‘carta abierta’, firmada por 371 investigadores —incluyendo 24 españoles de universidades, del CSIC y de empresas de seguridad digital—, alerta de que los sistemas actuales pueden ser eludidos mediante VPN, cuentas prestadas o compradas, credenciales falsas o herramientas de inteligencia artificial. Señalan además que los usuarios bloqueados podrían migrar a plataformas menos reguladas, con mayor riesgo para su seguridad.
Los firmantes destacan que una verificación realmente robusta requeriría una infraestructura global basada en certificados gubernamentales y criptografía avanzada, cuya implementación interoperable y mundial resulta poco viable a corto plazo. Asimismo, señalan que no existe evidencia científica que demuestre que prohibir el acceso de menores mejore su salud mental o desarrollo.
Entre los riesgos asociados, los expertos mencionan que la biometría y los sistemas de inferencia de edad pueden discriminar a minorías, cometer errores significativos y aumentar la recopilación de datos personales, lo que eleva la probabilidad de filtraciones y brechas de seguridad. La regulación de VPN también podría afectar la seguridad digital de activistas, víctimas de abuso o empresas.
Los investigadores alertan que personas sin identificación digital compatible, con baja alfabetización tecnológica o adultos mayores podrían quedar excluidas, aumentando desigualdades y forzando el uso de soluciones inseguras.
Como alternativa, proponen estudiar medidas menos invasivas, como reforzar herramientas parentales, regular prácticas algorítmicas en redes sociales y atender las causas estructurales de los daños, en lugar de aplicar controles de acceso generalizados. También piden estudios sistemáticos de impacto en países donde estas tecnologías ya se aplican, para evaluar de manera objetiva sus beneficios y perjuicios.
Con información de EFE
