La Corte Suprema no permite que Trump deporte migrantes. La decisión de la Corte Suprema de Justicia este viernes de impedir que se reanuden las deportaciones expeditas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de un grupo de inmigrantes venezolanos en Texas supone una notable pérdida para el gobierno de Donald Trump.
El alto tribunal rechazó la apelación del Ejecutivo con la que aspiraba poder continuar con las deportaciones expeditas de venezolanos bajo esta ley de guerra del siglo XVIII, capacidad que le ha sido bloqueada por decisiones de cortes inferiores.
La Corte Suprema no permite que Trump deporte migrantes
Con dos votos en contra, el de los conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas, los jueces resolvieron la apelación de emergencia presentada por los abogados de inmigrantes venezolanos señalados por la Casa Blanca de pertenecer a pandillas.
Pese a que no han sido acusados formalmente ni mucho menos condenados, el gobierno considera que esta designación los hace elegibles para una expulsión rápida de Estados Unidos bajo la ley de 1798.
La Corte Suprema ya había ordenado la suspensión temporal de las deportaciones desde un centro de detención del norte de Texas mediante una orden emitida en abril.
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Este caso se encuentra entre otros que se siguen tramitando en los tribunales debido a la proclamación de Trump en marzo que calificó a la pandilla venezolana Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera e invocó la ley para deportar personas.
¿Qué supone la decisión de la Corte Suprema sobre la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros?
La decisión de la Corte Suprema es temporal, por lo que la batalla legal sobre la invocación de esta ley continúa en múltiples tribunales.
De hecho, los magistrados devolvieron ahora el caso para su revisión al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU, con sede en Nueva Orleans.
El objetivo es que decida sobre cuestiones subyacentes como si la medida puesta en marcha por Trump es legal y con cuánta antelación deben ser notificados los inmigrantes afectados antes de ser efectivamente deportados.
“El fallo de hoy extiende efectivamente la congelación temporal que los jueces impusieron a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del Distrito Norte de Texas el 19 de abril”, declaró a CNN Steve Vladeck, analista y profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.
La Corte Suprema no permite que Trump deporte migrantes
Tal y como destaca este medio, dado que los tribunales inferiores han bloqueado el uso de la ley en todos los demás distritos en los que el presidente ha intentado invocarla, esto significa en la práctica que se están suspendiendo todas las destituciones bajo la ley hasta que el Quinto Circuito —y, presumiblemente, la propia Corte Suprema— resuelvan de forma concluyente si son legales y con cuánta antelación debe serles notificado a los inmigrantes afectados.
En una declaración concurrente, el juez de la corte Brett M. Kavanaugh afirmó que la orden de este viernes “simplemente garantiza que el Poder Judicial pueda decidir si estos detenidos venezolanos pueden ser expulsados legalmente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros antes de que sean deportados”.
Kavanaugh reconoció que hubiera preferido que la propia Corte Suprema abordara dichas cuestiones legales subyacentes y exigió una “resolución pronta y definitiva” de este caso.
La Corte Suprema mencionó en su fallo el caso de Kilmar Ábrego García, el inmigrante que fue deportado por error a El Salvador, y subrayó el hecho de que el gobierno haya reconocido que es «incapaz de prever el regreso de una persona deportada por error a una prisión en El Salvador».
Por ello, los magistrados escribieron que “los intereses de los detenidos en juego son, por consiguiente, particularmente importantes”.
Con cuánta anticipación se debe notificar la deportación a «enemigos extranjeros»
En su orden del viernes, los jueces de la Corte Suprema enfatizaron que no estaban centrándose en determinar si la invocación de la ley por parte de Trump es o no apropiada.
En cambio, reforzaron con más firmeza la importancia de que se garantice el debido proceso a los inmigrantes antes de su deportación y en que tengan la oportunidad de impugnarla, algo que el propio presidente Trump ha dicho que no es necesario, pese a que está garantizado balo la Constitución.
La Corte Suprema no permite que Trump deporte migrantes
“Un detenido debe tener tiempo e información suficientes para poder contactar razonablemente con un abogado, presentar una petición y obtener la reparación adecuada”, se lee en la orden de los jueces sin firmar
El aviso de unas 24 horas proporcionado a los detenidos en el norte de Texas “sin información sobre cómo ejercer su derecho al debido proceso para impugnar dicha deportación, sin duda no cumple con los requisitos”, agrega.
Este viernes, el tribunal rechazó las 12 horas que el gobierno ha declarado que sería suficiente plazo para impugnar, pero no especificó cuánto tiempo mínimo debería ser.
“Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno, así como la necesidad de que dichos intereses se persigan de manera consistente con la Constitución”.
De hecho, la Corte Suprema también dejó claro que no estaba bloqueando otras formas en que el gobierno puede deportar personas desde EEUU.
La opinión única de una jueza sobre la Ley de Enemigos Extranjeros
Anteriormente, al menos tres jueces federales han declarado que Trump estaba utilizando indebidamente esta ley para acelerar las deportaciones.
Este martes, sin embargo, la jueza federal de Pensilvania Stephanie Haines se convirtió en la primera en dar el visto bueno a que el gobierno use esta ley para la deportación de supuestos miembros del Tren de Aragua.
El pasado mes, la Corte Suprema dictaminó que los detenidos que buscan impugnar sus deportaciones deben hacerlo en el lugar donde se encuentran recluidos.
Pero, sobre todo, dictaminó que se debe dar a las personas un “plazo razonable” para presentar una impugnación a su posible deportación.
La jueza Haines, sin embargo, ordenó este martes al gobierno presentar un aviso con al menos 21 días de antelación. Bajo esta condición, según su fallo, las deportaciones podrían llevarse a cabo legalmente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
