Juez de Paraguay decreta prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña tras la imputación de la Fiscalía por el colapso financiero de Ueno bank. Un juez de la República del Paraguay ordenó este sábado 7 de noviembre de 2026 que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo régimen de prisión preventiva.
El magistrado adoptó esta drástica medida cautelar inmediatamente después de que el Ministerio Público presentara una acusación formal contra el exjefe de Estado por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
La orden judicial de reclusión y los cargos presentados por la Fiscalía
En los tribunales de Asunción, el juez a cargo del expediente analizó los alegatos iniciales de los fiscales para evaluar los riesgos procesales y la gravedad de las conductas atribuidas al exfuncionario.
En tal sentido, la autoridad jurisdiccional resolvió enviar a Peña a un centro de detención mientras el Ministerio Público robustece las investigaciones técnicas sobre el patrimonio intervenido.
A este respecto, el pliego acusatorio sostiene que el exmandatario incurrió en maniobras financieras indebidas tipificadas como presunta lesión de confianza durante la gestión de activos bancarios.
Aunado a esto, los fiscales sumaron el delito de administración en provecho propio, señalando que el investigado habría utilizado sus atribuciones de poder para favorecer intereses particulares ligados a la directiva de la firma crediticia.
Asimismo, los funcionarios judiciales acordonaron los accesos a la sede tribunalicia para garantizar la seguridad durante el traslado del procesado hacia el recinto carcelario correspondiente.
La investigación financiera y las repercusiones tras el cierre de Ueno bank
El desvío de fondos y el colapso de la entidad crediticia
Por otra parte, la causa penal cobra una dimensión extraordinaria debido a que profundiza en las causas reales que precipitaron la clausura definitiva de Ueno bank.
Los peritos contables de la Fiscalía revisan exhaustivamente los libros de operaciones y las transferencias millonarias aprobadas antes de que la Superintendencia bancaria interviniera la entidad.
En consecuencia, el equipo acusador busca determinar el destino final de las colocaciones monetarias y establecer si existió una apropiación indebida de recursos en perjuicio de los depositantes.
Dicha indagatoria pericial expone la presunta omisión de controles que facilitó el colapso institucional y obligó al cierre preventivo de las sucursales de la firma en todo el país.
De igual manera, los fiscales no descartan ordenar nuevas citaciones e inspecciones técnicas a directivos y allegados que participaron en las asambleas extraordinarias de la corporación.
El impacto político y el escenario procesal para el exmandatario
Por añadidura, la decisión judicial sacude con fuerza a las distintas facciones políticas paraguayas, abriendo un debate nacional sobre la responsabilidad penal de los altos jerarcas de gobierno.
Los abogados defensores de Peña preparan recursos de apelación para intentar sustituir la medida privativa de libertad por arresto domiciliario durante los próximos días.
En tal sentido, los juristas del Estado sostienen que la prisión preventiva resulta imperativa para evitar presiones sobre testigos y garantizar la preservación de documentos financieros claves.
Por otro lado, la ciudadanía sigue con expectación el desenvolvimiento del caso, demandando sanciones contundentes frente a cualquier defraudación cometida desde las esferas del poder.
Con información de EFE
